Fue ratificada la denuncia por abuso de autoridad y desacato; podría ser arraigado

Exige la Permanente agilizar las investigaciones sobre Gil Díaz

Destaca el manejo irregular de las aduanas y de información privada sobre contribuyentes

CIRO PEREZ SILVA, ROBERTO GARDUÑO

Diputados y senadores de la Comisión Permanente demandaron al gobierno de Felipe Calderón agilizar las investigaciones sobre la presunta responsabilidad del ex titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en el manejo irregular de las aduanas del país y de la información de contribuyentes y procesos legales, entre otros, que aunque deben ser protegidas por el gobierno federal, pudieron ser utilizadas por empresas privadas.

De igual forma, hizo un exhorto a la Secretaría de la Función Pública para que se informe a la Permanente sobre las indagatorias en torno a la posible violación de la ley por Gil Díaz, al emplearse en la empresa HSBC, semanas después de haber dejado el cargo en el gobierno foxista.

La primera resolución se originó con la denuncia del senador priísta Carlos Lozano de la Torre, quien señaló que derivado de la facultad de la Secretaría de Hacienda para contratar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, en 1993 se contrató el servicio de procesamiento electrónico de datos a la Integradora de Servicios Operativos, S.A. (ISOSA).

El desempeño ha sido cuestionado con motivo de la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003, efectuada por la Auditoría Superior de la Federación, órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, al encontrar que el Servicio de Administración Tributaria no entera a la Tesorería de la Federación los ingresos por derecho de trámite aduanero, y se afirma que esos recursos han sido destinados a ISOSA.

Por ello, el gobierno federal procedió a la liquidación de ISOSA, sin haberse presentado informe final de las operaciones realizadas en las aduanas, durante el tiempo de su participación.

Una de las cuestiones que más preocupa es el hecho de que datos tan importantes como los relacionados con los despachos aduaneros se encuentren en poder de empresas privadas.

La comisión dictaminadora determinó que es preocupante que empresas privadas pudiesen hacer mal uso de información que debe ser resguardada por el gobierno federal, caso específico, los servicios relacionados con el despacho aduanero.

Mientras, en lo que toca al nuevo empleo de Gil Díaz, el dictamen responde a la denuncia que hizo en tribuna el coordinador de los diputados del PRD, Javier González Garza, en la que destaca que el 2 de enero HSBC Holdings, con sede en Londres, Inglaterra, mediante un comunicado informó que el que fuera responsable de la política hacendaria de México durante la administración de Vicente Fox, Francisco Gil Díaz, se integró como director al consejo de esta institución crediticia.

En dicho comunicado, precisa, también se señaló que Gil Díaz es actualmente miembro del Consejo Asesor de la empresa J. E. Roberts Cos. Inc., relacionada con la compra de cartera vencida, lo que hace sospechar que el ex funcionario público ocupaba ese puesto durante su gestión como secretario de Hacienda, lo que explicaría que esta empresa ­como ella misma informó­ recibió en 1999 uno de los contratos de gerencia más grandes de activo concedidos por una entidad de gobierno, para recuperar 4 mil 800 millones de dólares en cartera vencida de BanCrecer S.A.

Como consecuencia, en 2000 Gil Díaz fue nombrado secretario de Hacienda y, como se sabe, entre sus responsabilidades se encontraba el ser presidente de la junta de gobierno del Instituto de Protección al Ahorro (IPAB). Así, Gil Díaz se desempeñaba como presidente de la junta de gobierno del IPAB y a su vez presumiblemente se desempeñaría como consejero miembro de la junta de gobierno de la empresa J. E. Roberts. Cos. Inc.

Otra coincidencia que se debe señalar, agrega el legislador perredista, es que de 1997 a 2000 Gil Díaz fue director de Avantel, de la cual Banamex posee el 51 por ciento de acciones, institución a la que privilegió durante su gestión como secretario de Hacienda.

''Lo anterior no es un conflicto de intereses; es la práctica corrupta de un servidor público que, aprovechándose de su cargo, favorecía a empresas particulares de las cuales él era parte'', subrayó González Garza.

* Una decisión administrativa del ex secretario desató un ''círculo vicioso de corrupción''

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

Un nuevo frente legal fue abierto contra Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda y ahora empleado de una trasnacional financiera con operaciones en México, al ser ratificada este miércoles ante el Ministerio Público Federal una denuncia por abuso de autoridad y desacato contra el ex funcionario.

Como efecto práctico de la ratificación de la denuncia, interpuesta por una antigua directora jurídica de Hacienda despedida por denunciar irregularidades en el manejo del presupuesto federal durante la gestión de Gil Díaz, el ex funcionario puede ser arraigado en la ciudad de México.

La querella iniciada desde 2002 por Lilia Cortés, ex directora jurídica en la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, tiene su origen en la serie de amenazas y agresiones que la demandante ha sufrido en los últimos años, luego de que denunció que una decisión administrativa durante la gestión de Gil Díaz modificó los mecanismos de asignación del presupuesto federal a las dependencias públicas.

''Todo este caso inició en 2002, cuando me negué en la Secretaría de Hacienda a avalar decisiones que podían implicar delitos federales, relacionados con el manejo del presupuesto federal'', dijo ayer a este diario Lilia Cortés, después de ratificar la denuncia contra Gil Díaz.

Complicidades en el manejo discrecional de recursos

El 31 de julio de 2002 fue reformado el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Uno de los cambios fue la desaparición de las cuatro direcciones generales de programación y presupuesto y su sustitución por dos direcciones, una llamada "A" y otra "B", encargadas de la entrega del dinero del presupuesto a todas las entidades que reciben recursos públicos, incluidos los gobiernos de los estados. Según Cortés, estas dos direcciones se encargan de hacer las asignaciones de gasto y de elaborar la cuenta pública, ''lo que es un círculo vicioso de corrupción''.

Añadió Cortés: ''Al inicio de la gestión de Gil Díaz en Hacienda, existía una vigilancia puntual de cada peso que se gastaba; la subsecretaría contaba con herramientas informáticas para determinar a nivel de concepto (incluso el detalle de material de papelería) en qué se gastaba cada peso en cada dependencia. Con la llegada de Gil Díaz se quitaron los candados''.

Ello implicó un manejo discrecional de recursos, pero en un monto descomunal si se toma en cuenta la magnitud del presupuesto federal en México. Este año, por citar un ejemplo, será de 2 billones 240 mil millones de pesos.

''En esas maniobras participó de manera directa Cecilia Barra y Gómez de Ortigoza, a quien Gil Díaz encomendó una de las direcciones creadas en julio de 2002. Esta funcionaria después fue nombrada, por el ex procurador Daniel Cabeza de Vaca, oficial mayor de la Procuraduría General de la República, desde donde tejió una red para protegerse'', dijo Cortés.

Por denunciar esos hechos, Cortés fue despedida. En tres ocasiones tribunales del ámbito laboral ordenaron a Gil Díaz que la reinstalara en su puesto. Las tres veces desacató el mandato. Por ese desacato, que fue aderezado con amenazas verbales y físicas, documentadas por la querellante, el ex secretario de Hacienda fue denunciado.

Cuando estaba a punto de acabar el sexenio pasado, y mientras Gil Díaz lanzaba en público la especie de que se iría a Estados Unidos a dar clases en una universidad, Cortés pidió a la justicia federal el arraigo del funcionario en México, ''con el fin de que no se evadiera de la acción de la justicia, si se iba a Estados Unidos''.

Luego, al iniciar este mes, se conoció que Gil Díaz se incorporaba al grupo HSBC, lo que reforzó el temor de Cortés de que el ex funcionario aprovechara un viaje al exterior para no comparecer en el juicio por la demanda que ella interpuso.

Lilia Cortés ratificó este miércoles la denuncia, en una comparecencia en la delegación de la PGR en la capital del país, en la que acusa a Gil Díaz de abuso de autoridad, por el maltrato que le ha causado en estos años, y desacato a la orden de reinstalación.

''Solicité en la comparecencia ante el ministerio público que se cite a Gil Díaz para que tenga la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga. Yo supongo que tendrá que dar alguna argumentación legal, y si no es así se procede de inmediato la configuración del delito de abuso de autoridad, entre otros, y el mismo ministerio público propondrá el ejercicio de la acción penal'', comentó Cortés. Dijo que el ministerio público se comprometió a citar a Gil Díaz ''a la brevedad".

''Espero ahora que se actúe conforme a la ley; mis acciones han estado apegadas a derecho y seguirán en ese sentido. Es muy importante escuchar a Gil Díaz para darle el beneficio de ser escuchado en el juicio. Yo lo que pido es que él argumente sus decisiones, él tuvo conocimiento de lo que pasaba'', agregó.