Imer, GDF y medios
Con una disputa para arrebatar al Instituto Mexicano de la Radio (Imer) una estación que opera desde 1983 en la capital comenzó la agenda política del gobierno de la ciudad de México. Con criterios políticos, el PRD en el Distrito Federal desea hacerse de una estación radiofónica y de un canal de televisión, para que los ciudadanos cuenten con medios de comunicación acordes con sus necesidades. Argumento intachable que, lamentablemente, no se sustenta con las auténticas intenciones de continuar una guerra mediática que este partido y su gobierno en la ciudad han extraviado en los medios comerciales y favorecido en las cámaras, al sumarse unánimemente a la aprobación de la llamada ley televisa.
La radiodifusión es un derecho de tercera generación, es el derecho que posee todo individuo o grupo social para comunicarse, de él se desprende el derecho a la libertad de expresión y a la información veraz, y la capital también tiene derecho a éste. Sin embargo, no es despojando a la radio pública de sus bienes como se ejercerá.La disputa está centrada en la titularidad de la estación de frecuencia modulada XHOF que operaba al principio de la década de los ochenta el entonces Departamento del Distrito Federal, que desde 1970 era el órgano dependiente del Ejecutivo federal de administrar y gobernar la capital de la República, hasta 1993, cuando se modifica la Constitución y se democratiza con la elección de un jefe de Gobierno y la creación de un legislativo local en 1997.
La emisora, instalada en la azotea de su edificio central, tenía escasa e insuficiente infraestructura y baja potencia, que según testigos de la época, cuando operaba no se escuchaba más allá del Zócalo, actualmente pertenece al Instituto Mexicano de la Radio.
Su antecedente se remite a la creación por decreto presidencial de los institutos de la Radio (Imer), de la Televisión (Imevisión) y del Cine (Imcine), el 23 de marzo de 1983. Surgió del Instituto de Estudios Políticos y Sociales del PRI (IEPES) en la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, con el objetivo de hacer, supuestamente, operativas y explícitas las políticas nacionales de comunicación, pero continuó como parte del Ejecutivo, como organismo público descentralizado, con patrimonio y estatuto legal propios, bajo la regulación de la Secretaria de Gobernación.
Fue en 2002 que pasó a ser regulada por la SEP, con el objetivo de contribuir a la integración nacional, al mejoramiento de las formas de convivencia y estimular la descentralización cultural. La estación está dedicada a los sectores jóvenes urbanos contemporáneos que buscan opciones a la radio comercial, que no tienen cabida en la radio mercantil, con un público alternativo y llamado marginal. Para su operación tuvo que ser rehabilitada y se instaló en Mayorazgo 83, en la delegación Benito Juárez, con una potencia de 36 mil vatios, la señal llega a los estados de México e Hidalgo, se dirige a públicos entre los 15 y los 35 años de edad y cuenta con una audiencia potencial de 8 millones 605 mil 239 radioescuchas.
Su permiso de operación fue ratificado por la SCT el 11 de agosto de 2005, con vencimiento el 10 de agosto de 2012. Para el Gobierno del Distrito Federal, la titularidad es irregular, haciendo caso omiso de las leyes que amparan la concesión y los permisos de esta actividad, cuestiona el artículo 27 constitucional, que señala que es el Estado el propietario del espacio aéreo y es el único que concede y permite su utilización.
Pero olvida que fue también la fracción parlamentaria de su partido en la cámara de origen de la ley Televisa, que votó por mayoría las reglas que fijan el otorgamiento de concesiones y permisos para el manejo de la radiodifusión. PRD, PAN y PRI votaron para continuar el manejo discrecional en esta área, eliminando de tajo la posibilidad de contar con una ley que fuera acorde con las necesidades y tiempos democráticos que hoy argumentan.
Fue el Imer uno de los pocos medios que rechazaron esta aventura, a favor de uno de los despojos más grandes a la nación, en contraste con los cálculos políticos que estaban en una campaña mediática en la que nada tenían que hacer, porque su electorado no ha estado, ni está, en donde se fincan los grandes monopolios de la comunicación. ¿Dónde estaba Marcelo Ebrad cuando su partido su sumó por mayoría absoluta a la ley televisa? Con su postura se negó el derecho a una auténtica ampliación del espectro radioeléctrico, a su diversidad y pluralidad. Lo que tenemos son medios de comunicación que emiten una sola opinión, rechazaron la posibilidad de una supervisión pública de contenidos, apenas se mencionó la radiodifusión y la tv públicas.
Con esta legislación se dejó en manos del Estado la decisión de emitir reglas y elegir a voluntad a los beneficiarios de las subastas. México es de los pocos países en donde el gobierno aún compra espacios amplios para anunciar sus logros, casi siempre cuestionados porque no pasan de ser un espot propagandístico de sus objetivos. Las reglas que sancionaron sostienen que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la encargada de otorgar y revocar concesiones o permisos para estaciones de radio y tv, la que asigna la frecuencia respectiva. Es el Ejecutivo federal el que determina su naturaleza y propósito bajo criterios técnicos, operativos y financieros.
Las estaciones de radio y tv oficiales, culturales, de experimentación, universitarias, comunitarias, de entidades y organismos públicos requieren de permiso para su operación, el cual debe ser acordado por un Comité de Concesiones. Para que la ciudad de México cuente con medios de comunicación propios será necesario hacer estudios, elaborar un anteproyecto, modificar y actualizar las reglas vigentes, no puede traspasarse una concesión sin riesgo de ser revocado su permiso o autorización de dicho comité. Por ello, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha solicitado al gobierno capitalino un proyecto acorde con las auténticas exigencias de los ciudadanos.