En gira anterior de Marcos por la entidad, José Leal habló de hostigamiento y amenazas
Denuncia la otra campaña de Tamaulipas el asesinato de activista homosexual
Miembros de la otra campaña en el estado de Tamaulipas denunciaron ayer el asesinato de José Ernesto Leal, activo militante y defensor de los derechos de la comunidad gay (o "de otros amores") en la ciudad de Matamoros, quien anteriormente ya había sido amenazado y hostigado por policías locales.
Según la denuncia, Leal "fue uno de los compañeros que se reunieron con el subcomandante Marcos, del EZLN, en la gira por el otro norte del país, a su paso por Matamoros, para exponer la represión de que son víctimas permanentes por las dizque autoridades y para tratar lo referente a impulsar cambios legislativos sobre convivencia entre personas del mismo sexo". Aquella reunión, celebrada el 24 de noviembre en el barrio La Capilla de la ciudad fronteriza, fue ominosamente vigilada por la policía estatal y municipal, y seguida de renovadas amenazas y "castigos" contra los activistas, trabajadores y trabajadoras sexuales que participaron en ella.
De inmediato, este martes la Policía Ministerial Estatal empezó a hablar de "crimen pasional", sin tener elementos y "sin ninguna investigación sobre los hechos". La otra campaña de Tamaulipas exige "el esclarecimiento del asesinato de nuestro compañero y el castigo a los responsables. No permitiremos que se hable de crímenes pasionales ni notas amarillistas y homofóbicas para intentar ocultar que un luchador social fue asesinado".
Cabe recordar las condiciones de desgobierno imperantes, tanto en la ciudad que "preside" el alcalde priísta Baltazar Hinojosa Ochoa, como en general en la entidad tamaulipeca, donde el narcotráfico controla los días y las noches de manera evidente. Allí opera el famoso grupo Los Zetas, que ha evolucionado de sicarios al servicio del cártel de Osiel Cárdenas a uno de los brazos más eficaces de dicha "empresa". En tanto que los cuerpos policiacos son señalados continuamente como corruptos, extersionadores y violentos.
Arrestan en Oaxaca a simpatizantes zapatistas
Por otro lado, el colectivo Todos Somos Presos notifica que este miércoles fueron arrestados por la policía estatal en la ciudad de Oaxaca dos integrantes de la otra campaña y del Colectivo Zapatista, después de una manifestación celebrada anoche en el Centro Histórico de dicha ciudad contra la ocupación policiaca y por la libertad de decenas de presos políticos de la APPO. Los nuevos detenidos son Ramiro Martínez Caballero y Eduardo (de momento se ignoran sus apellidos, pero se sabe que procede de Zaachila). Hay informes de que hubo más detenidos.
"En Oaxaca se criminaliza la protesta social civil y pacífica en nombre del estado de derecho, el orden y la legalidad que legitima el genocidio y la brutalidad del gobierno", señala el colectivo. "Nuestros compañeros no son delincuentes, son luchadores sociales que oponen su dignidad a la mediocridad, la brutalidad, la cárcel, el olvido y la injusticia del gobierno, y por eso se les ha reprimido. Estamos conscientes de que la mediocridad del gobierno de Oaxaca se sostiene en la mentira y la infamia, y no dudamos de que a nuestros compañeros se les quiera inventar cargos y delitos nunca cometidos, como lo han venido haciendo descaradamente en estos meses recientes".
Los colectivos de la otra campaña oaxaqueña exigen la liberación inmediata e incondicional de sus compañeros, y responzabilizan directamente de su integridad "al gobierno ilegítimo de Oaxaca y al gobierno federal, los cuales solamente causan incertidumbre, sufrimiento e inseguridad". Cualquier daño físico o emocional para los detenidos "significa un atentado contra la iniciativa civil y pacífica de la otra campaña en Oaxaca, México y el mundo". Llaman "urgentemente" a exigir la presentación y liberación de Eduardo y Ramiro, y concluyen: "cada minuto en Oaxaca significa una vida. O perder la libertad. O quizá recobrarla".
También hoy, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, denunció que sus oficinas están siendo vigiladas y han sido objeto de fallidos allanamientos, mientras que los miembros del organismo son seguidos por desconocidos cuando se trasladan a las comunidades indígenas.