Persisten agresiones contra evangélicos, por su credo
Chiapas, uno de los estados con más actos de intolerancia religiosa
En Chiapas, uno de los estados donde se registra el mayor número de actos por intolerancia religiosa a escala nacional, prevalece la impunidad de católicos que amenazan, queman casas y hasta obligan a protestantes a renegar de su religión y abrazar la fe católica, a cambio de no sufrir más hostigamientos.
Uno de los casos más recientes tiene que ver con las ocho familias que habitan la comunidad de Tierra Blanca, municipio de Ocosingo, donde cuatro de estos núcleos sociales debieron renunciar a su protestantismo, y el resto, firmar un acuerdo comunitario donde se comprometieron a no construir un templo evangélico, contar con pastores ni celebrar sus prácticas de culto al aire libre.
A cambio, se retiraron órdenes de aprehensión giradas en su contra, por supuestas agresiones, y se les permite continuar residiendo en el lugar. No obstante, el acoso continúa contra aquellos que decidieron mantener su credo.
Según los documentos en torno al asunto, uno de los más afectados es Rodolfo López Velazco, quien al 31 de diciembre del año pasado continuaba, junto con su familia, desplazado de Tierra Blanca por profesar la fe evangélica.
En la explicación por escrito que envió a la Barra Nacional de Abogados Cristianos organismo que atiende, entre otros, casos relacionados con intolerancia religiosa argumentó que autoridades y representantes católicos del ejido entre ellos Rogelio Jiménez Gómez, Carlos López Santís y Jaime Morales Abarca los obligaron a dejar la comunidad. La primera vez, cuatro de las ocho familias fueron desplazadas a finales de 2004, y lograron su retorno, bajo la firma de una acta de acuerdos, fechada el 14 de marzo del siguiente año, con el compromiso de cumplir una serie de restricciones vinculadas con su creencia.
De hecho, en este documento se plantea, en el punto número seis, que "la asamblea general (de Tierra Blanca) acepta el retorno" de las cuatro familias de evangélicos, "reconociéndoles sus derechos agrarios, quedando pendiente de definirse, con la intervención de la Procuraduría Agraria y la asamblea de ejidatarios, la situación legal respecto del solar que ocupa el C. Rodolfo López Velazco como avecindado".
Además, se determinó que ambas partes se comprometían a brindarse respeto mutuo y a ser tolerantes en relación con sus cultos religiosos, "sin caer en agresiones físicas y verbales, conduciéndose por la vía de la legalidad para resolver sus diferencias, privilegiando el diálogo y la negociación".
No obstante, por encima de esos convenios, el 31 de julio de 2005 la casa de López Velazco fue destruida, y el 18 de septiembre de 2006 lo privaron de su libertad, "encerrándome en la cárcel por varios días, totalmente incomunicado y sin alimentos". Cinco días después, las plantaciones de cafetal que tenía sembradas en una hectárea de terreno fueron quemadas. Se consiguió su liberación, bajo el acuerdo de que él y su familia nuevamente se retiraran de la localidad.
Ha presentado denuncias ante autoridades de Chiapas, como la fiscalía general de Procuración de Justicia y la Secretaría de Gobierno, sin que hasta el momento se realicen las diligencias correspondientes.