Ninguna presión de EU para la extradición de diez capos, asegura Medina Mora

El gobierno, preparado para una respuesta violenta del narco

El procurador reconoce que existen varios procesos penales pendientes en juzgados federales

JESUS ARANDA

El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, rechazó que la reciente extradición de diez capos del narcotráfico a Estados Unidos sea producto de presiones del gobierno del vecino país, y aseguró que el México se encuentra ''en perfecta preparación'' para afrontar cualquier tipo de represalia que intente el crimen organizado por dicha entrega. ''No esperamos una respuesta (violenta), como se vio en Colombia, puesto que esto no es tema nuevo''.

Agregó que fue decisión unilateral y soberana del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, ''basada en consideraciones'', como ''romper el liderazgo operativo y el contacto físico y geográfico potencial que estas personas pudieron tener con las estructuras de sus organizaciones criminales'', y paralelamente coadyuvar a la seguridad y gobernabilidad en los diferentes penales y, ''claro, de las obligaciones internacionales (contenidas) en el Tratado de Extradición con Estados Unidos y Convención de Palermo'', que combate al crimen organizado.

Al hablar ayer en conferencia de prensa, ofrecida en la residencia oficial de Los Pinos, en la que se hizo un balance de los operativos anticrimen, el funcionario federal reconoció que muchos ilícitos tienen procesos penales pendientes y están sujetos a la acción de la justicia en diversos juzgados federales, pero justificó que la extradición se basó ''en los criterios de la Suprema Corte que señalan con toda claridad que hay una preminencia, una mayor jerarquía de los tratados internacionales sobre leyes federales ordinarias''.

Y, en este sentido, la ley de extradición no condiciona al gobierno de la República ''a agotar ningún otro procedimiento, más que el de amparo'', que interpongan los sujetos que estén sujetos a un proceso de extradición. Justificó que una vez negado el amparo, el gobierno mexicano está en plena libertad de otorgar las extradiciones y de ejecutarlas de inmediato, ya que no hay obligación de agotar la ejecución de las penas en el orden local que les hayan sido impuestas.

Por estas razones, sostuvo, con pleno apego al tratado de extradición, y a la facultad potestativa del gobierno mexicano, fue que se otorgó su entrega sin necesidad de agotar otro recurso legal, más que las demandas de amparo. Aseguró en este sentido que en la reunión sostenida la semana pasada con el procurador estadunidense, Alberto Gonzales, ''no se trataron las extradiciones específicas'', sino como el instrumento que representan en el marco de la cooperación bilateral.

Y aunque el pasado sábado, la PGR aseguró que los barones de la droga ya no regresarán al país ­aunque tengan sentencias pendientes por cumplir­, y que quedarán en las manos de las autoridades estadunidenses, ayer Medina Mora admitió que ''algunas de estas personas'' continúan sujetas a procesos penales ante juzgados federales y que se informará a los juzgados que desahogan esos procedimientos para que cada juzgador determine lo conducente.

Una de las acciones será que se continúen realizando las diligencias en los términos establecidos en los convenios sobre asistencia jurídica recíproca, y se congratuló de que sea a través de videoconferencias como se desarrollen las audiencias de ley.

Eso está previsto en la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado, dijo.

Insistió en que ante posibles repercusiones por las extradiciones, los reajustes al interior de las estructuras delictivas sufren ajustes, ''porque se rearticulan y buscan generar nuevos liderazgos, y esto puede tener consecuencias'', pero descartó que el gobierno federal haya visualizado ''peligros específicos'' por este tema.

Reiteró que la extradición de personajes como Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, y de los hermanos Ismael y Gilberto Higuera Guerrero, del grupo de los Arellano Félix, entre otros, tuvo como propósito asegurar la tranquilidad de los mexicanos y evitar que esas personas y sus organizaciones delictivas continúen lesionando la salud, seguridad y certidumbre de los mexicanos.

Señaló que no hay disposiciones para fortalecer la seguridad del cuerpo diplomático mexicano en el exterior, y que ''no se visualizan peligros específicos en esa materia''.

Subrayó que las ''decenas'' de extradiciones pendientes dependerán del curso que sigan los procesos judiciales en cada caso.