Por la falta de financiamiento rematan sus cosechas
El gobierno, "responsable" del acaparamiento, dicen productores
Organizaciones campesinas responsabilizaron al gobierno por la concentración en los mercados agroalimentarios, lo que ha provocado el alza del precio de la tortilla, además de que los incrementos a gasolina, diesel, gas y electricidad causaron impacto en los costos de maíz y elaboración de masa y tortilla.
"El gobierno desprecia la organización de los productores para desarrollar su capacidad de participar en los mercados agroalimentarios por medio de la compactación de las cosechas y la administración de la oferta para equilibrar la desiguales condiciones del mercado, además que favorece las ganancias extraordinarias para las grandes empresas oligopólicas, como Maseca, que controla 85 por ciento del mercado de la harina de maíz, y Cargill, que maneja en el puerto de Veracruz las importaciones de maíz", señalaron el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas integrado por ocho agrupaciones, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y El Barzón.
Desmintieron que sean los productores o los miles de pequeños comercios tortillerías los que estén especulando con el maíz. "Cientos de miles de medianos y pequeños productores están dispersos y desorganizados, no tienen infraestructura ni financiamiento y se ven obligados a rematar sus cosechas a unos cuantos compradores que tiene todo el poder, incluso el financiamiento preferencial en la banca de desarrollo", asentaron en un escrito que entregaron al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas.
De la industria nixtamalera-tortillera puntualizaron que si bien es responsable de la producción y venta de 50 por ciento de la tortilla en el país, ha carecido de los apoyos necesarios para su organización y modernización con el propósito de aumentar su eficiencia y calidad y que sus ineficiencias no repercutan en el precio de los consumidores. "El gobierno no ha hecho nada al respecto, por la protección que mantiene a las grandes empresas harineras; por el contrario, pareciera que su pretensión es debilitar, disminuir y eventualmente desaparecer a dicho sector y ceder todo el mercado de la tortilla a empresas como Maseca y Cargill."
Por esta ausencia en la intervención y regulación del mercado de los alimentos básicos, el gobierno ha entregado la seguridad alimentaria a unas cuantas empresas oligopólicas. "No existe una reserva de seguridad alimentaria para enfrentar las presiones especulativas o las catástrofes climatológicas o geopolíticas que pudieran poner en riesgo la seguridad alimentaria y la economía de la mayoría de los mexicanos", destacaron.
Reiteraron la demanda de sacar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al maíz, y para ello pidieron a los legisladores una participación activa, ya que son ellos quienes pueden ordenar al Ejecutivo federal que inicie las negociaciones formales para ello con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, además de exigirle el establecimiento de un sistema permanente de administración de las importaciones de maíz a partir de este año, para que sólo se autoricen las adquisiciones en el extranjero en casos comprobados de desabasto; elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación, y un programa de acciones contra la concentración oligopólica y las prácticas anticompetitivas en el mercado agroalimentario.
Insistieron en que el gobierno debe asumir acciones contundentes para proteger la seguridad alimentaria y dejar de atender los intereses desatendiendo el abasto nacional para consumo humano. Reiteraron su demanda de que se investigue, para deslindar responsabilidades, a los funcionarios de la Secretaría de Agriculatura que autorizaron y subsidiaron el desvío de 1.5 millones de toneladas de maíz blanco de la cosecha otoño-invierno del año pasado de Sinaloa para exportarla a Estados Unidos, Centro y Sudamérica, y su utilización para forraje por las grandes empresas pecuarias de Sinaloa, Sonora y Jalisco.