Sí hubo violaciones y agresiones sexuales, admite ministro
Proyecto de dictamen rechaza que la Corte intervenga en el caso Atenco
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no debe ejercer su facultad de investigación sobre los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, pese a que están documentadas las denuncias por violación, agresión sexual, golpes, torturas e insultos en el operativo en que fueron detenidas 217 personas, 44 de ellas mujeres.
Así lo establece el proyecto de dictamen elaborado por Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien plantea que la Corte endurezca los criterios para ejercer la facultad prevista en el artículo 97 constitucional para investigar la violación grave a las garantías individuales. Y propone: "no será materia de facultad de investigación la actuación de la autoridad que se lleve a cabo dentro del marco jurídico de sus atribuciones y competencia, aun cuando exista abuso en el ejercicio de ésta y dé lugar a ciertas conductas perseguibles y sancionables".
Además, señala que la intervención del máximo tribunal sería contraproducente, porque podría "exacerbar los ánimos" lo que iría en contra de la preservación del "orden" alcanzado en esa comunidad del estado de México.
En el documento que ya fue distribuido entre los integrantes del pleno del máximo tribunal, y al cual tuvo acceso este diario, Aguirre Anguiano responde a la petición formulada en agosto del año pasado por Genaro David Góngora Pimentel al pleno de la Suprema Corte, para que el máximo tribunal designara a un ministro y éste elaborara un dictamen en torno a una eventual investigación sobre el operativo realizado por la Policía Federal Preventiva y las corporaciones policiacas del estado de México.
Góngora Pimentel justificó su postura, al considerar que las denuncias por tortura, violación, golpes, amenazas e insultos en contra de la autoridad eran suficientes para que la Corte determinara si ejercía su facultad indagatoria. En su dictamen, que será discutido por el pleno en los próximos días, Aguirre Anguiano señala que "sin desconocer que los hechos de que se trata ocasionaron perturbación de la paz social y causaron preocupación a escala nacional e internacional", resulta notorio que la paz social "ya ha sido restablecida" y que las autoridades competentes ya tomaron conocimiento de los hechos, entre éstas la Comisión Nacional de Derechos Humanos "la cual incluso, ya emitió una recomendación".
Además, al estar restablecido el orden y la paz social en la zona, advierte, "el inicio de una nueva investigación por parte de la Suprema Corte y la determinación a que arribe en torno a la existencia de violaciones a las garantías, podría ocasionar la exacerbación de los ánimos que producirían consecuencias contrarias al orden y la estabilidad que se busca preservar".
Al justificar la actuación de la autoridad, Aguirre señala: "quienes ahora se ostentan como agraviados directos de los hechos de violencia (los pobladores y líderes sociales detenidos y vejados), son quienes con su conducta desencadenaron los hechos que lamentablemente provocaron la respuesta excesiva de la autoridad policiaca".
En este tenor, enfatiza que en esa ocasión no sólo hubo individuos de Texcoco y San Salvador Atenco, del Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra, sino que también "otros grupos sociales, trabajadores de la UNAM, del sindicato de Telmex", además de "extranjeros que estaban entre los pobladores que provocaron lesionados, entre ellos policías".