Se extiende uso de la "fuerza mortal" por agentes de la Patrulla Fronteriza, señalan
ONG exigen investigación imparcial del asesinato de mexicano en Arizona
Ampliar la imagen Una foto de Francisco Javier Domínguez Rivera durante su funeral en la casa de su familia, en la colonia Iztaccíhuatl. El joven fue abatido por un agente de la Patrulla Fronteriza Foto: Ap /Pablo Spencer
Organizaciones pro migrantes de Estados Unidos exigieron a la Casa Blanca la creación de una comisión independiente que investigue de manera imparcial el caso del mexicano Francisco Javier Domínguez Rivera, asesinado el 12 de enero en Arizona por un agente de la Patrulla Fronteriza.
La Coalición de Derechos Humanos de Tucson, Arizona, señaló que aunque no se han dado a conocer oficialmente los detalles de los hechos que costaron la vida al migrante mexicano, el uso de la "fuerza mortal" por parte de los agentes fronterizos es una política que se ha extendido en los últimos años y forma parte de la militarización de la línea divisoria.
"Estas políticas del gobierno estadunidense han creado un clima de miedo y de división entre las comunidades que viven y trabajan a lo largo de la frontera", afirmó Isabel García, dirigente de la coalición y quien en diciembre pasado se hizo acreedora al Premio Nacional de Derechos Humanos que entregó anualmente la CNDH, por sus más de 30 años de labor a favor de los migrantes.
Las organizaciones argumentan que los resultados de hechos anteriores similares revelan el "conflicto de intereses" entre la Patrulla Fronteriza y las agencias federales de investigación, como la FBI, encargadas del procesamiento del caso.
Cuestionaron la declaración del portavoz de la Patrulla Fronteriza tras el asesinato del joven migrante de que el agente que disparó lo hizo "porque temía por su vida", pero no dio ninguna evidencia.
"Esto demuestra que no hay voluntad ni intención de investigar de manera imparcial este nuevo asesinato. Es claro que estas políticas y prácticas de militarizar la frontera continúan poniendo en peligro las vidas de los residentes de la frontera y los migrantes", señala el documento en el que las organizaciones exigen la investigación.
El pasado 12 de enero, el joven mexicano fue abatido cuando, en compañía de otras personas, entre ellos varios familiares, intentaba cruzar la línea fronteriza. El gobierno nacional, tras presentar una nota diplomática por los hechos, pidió el jueves pasado la realización de una segunda autopsia, distinta a la de las autoridades estadunidenses, con el fin de que los familiares presenten los cargos a que dé lugar.