Roban 1.5 millones de casas señal de tv, revela estudio
Un estudio de la Cámara de Diputados reveló que al menos en millón y medio de hogares mexicanos se roban las señales de televisión por cable, vía satélite o de uso restringido, por lo cual se analiza una reforma para castigar hasta con ocho años de cárcel ese delito y la vez impulsar una mayor competencia para reducir las actuales tarifas por ese servicio.
Para castigar la instalación, operación o explotación ilegal de la programación televisiva restringida, debido a que más de un millón 500 mil usuarios se roban la señal, es necesaria una reforma y adición al Código Penal Federal, aseveró el diputado federal pevemista Xavier López Adame.
Aseguró que, a la par de la reforma que busca establecer sanciones de dos a ocho años de prisión a quien, sin contar con concesión por parte de la autoridad competente, instale, opere o explote redes públicas de telecomunicaciones y se robe la señal por cable se impulsaría una mayor competencia de este servicio, para reducir las tarifas que cobran las empresas.
El análisis señala que en México hay unos 5 millones de suscriptores que pagan el servicio de televisión restringida, ya sea por cable, satélite o microondas.
Según datos oficiales de la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable, el robo de señal genera pérdidas anuales para la industria cercanas a 250 millones de dólares.
El también secretario de la mesa directiva de la Cámara de Diputados comentó que de esta manera se pretende sancionar a quien, con intenciones de lucro y sin permiso, aproveche, acceda, use o explote el contenido de cualquier material que sea parte de la programación transmitida por el servicio de televisión de paga.
López Adame argumentó que actualmente prevalecen distintas formas por las cuales la gente lucra con el robo de la señal de televisión, sobre todo cuando se trata de los sistemas de transmisión satelital o por cable. Cifras recientes señalan que 1.5 millones de hogares en la República consumen ilícitamente este servicio.
En razón de lo anterior, aseveró el legislador, el país requiere un marco jurídico acorde con la realidad que vivimos, que proteja el uso, el aprovechamiento y la explotación de las redes públicas de telecomunicaciones.