Editorial

La apuesta de la corte

Ayer, en un extraño giro en las posiciones de los magistrados que la integran, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convalidó en su totalidad el reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos elaborado por el foxismo para abrir el país a los juegos de azar y a los centros de apuestas, y que había sido impugnado por el Legislativo en noviembre de 2004. Con ello quedaron automáticamente validados los permisos repartidos con prodigalidad por la administración anterior para la instalación y operación de centros de apuestas, especialmente los otorgados por el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, a Televisa, empresa que obtuvo 65 concesiones. No fue suficiente la mayoría simple (seis contra cuatro) de los ministros que señalaban la inconstitucionalidad de los permisos para realizar apuestas en mesas con naipes, dados y ruletas, peleas de gallos y carreras de caballos.

El fallo marca el abandono de la tradicional normatividad que mantuvo el país en la materia, de carácter claramente restrictivo, y cuyas razones eran defendidas hasta la semana pasada por los integrantes del máximo tribunal del país, quienes señalaban, con razón, que la industria de las apuestas con juegos de azar tiene efectos sociales y económicos perniciosos y que son mucho mayores sus riesgos que sus ventajas.

En su sesión de ayer los magistrados expresaron, en cambio, argumentos absurdos: se dijo que resultaba preferible la concentración de las actividades referidas en centros autorizados a que los ciudadanos que desean apostar lo hagan por Internet o por teléfono, en donde no hay control alguno y donde pueden tener lugar el lavado de dinero y el surgimiento de ludopatías. Sin embargo, la experiencia en naciones en donde los establecimientos de apuestas operan con plena legalidad demuestra que tales centros son, por elemental lógica mercantil, desplumaderos de incautos ­la casa nunca pierde­, operados con frecuencia por estamentos vinculados a las mafias y en los que están presentes, por supuesto, el lavado de dinero, la explotación sexual, el alcoholismo y otros fenómenos de degradación humana. Por añadidura, tales centros propician la adicción al juego y en ellos ocurren tragedias personales asociadas a esa conducta.

Con base en ese razonamiento, es inevitable concluir que las razones de "modernización" alegadas en el largo proceso para poner en funcionamiento el reglamento referido son, en realidad, poco relevantes, y que en el fondo lo que hubo fue el interés por beneficiar a grupos económicos interesados en un negocio improductivo, pero que tiene aseguradas ganancias astronómicas.

Es cierto que, salvo por lo que se refiere a los llamados books ­un negocio en el que destaca el grupo de Jorge Hank Rhon­, las autorizaciones aprobadas se circunscriben a actividades realizadas en ferias regionales. Pero no se requiere de mucha perspicacia para prever que, al amparo del reglamento foxista, los intereses financieros nacionales y extranjeros interesados en el rubro de los juegos de azar montarán "ferias regionales" que serán, en realidad, casinos ambulantes en los que se moverán muchos millones.