Comenta informe el Centro Fray Francisco de Vitoria
Delincuentes y autoridades minan el estado de derecho
Califica de inadmisible la tergiversación calderonista de los conceptos de seguridad pública y nacional
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Miembros de etnias del sur del país, adherentes al Comité de Defensa Ciudadana, se manifestaron ayer ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para exigir la liberación de presos políticos
Foto: Roberto García Ortiz
Las autoridades locales y federales han respondido de manera violenta, con descalificación, indiferencia, silencio y encubrimiento a la "lucha pacífica" del pueblo de Oaxaca, con el objetivo de mantener un orden social "injusto, corrupto, caciquil y autoritario", asegura el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha Malo.
En un documento en que comenta el primer informe del Comité de Liberación 25 de Noviembre presentado el jueves pasado en la ciudad de México, Concha Malo señala que "en las actuales circunstancias del país no se debe olvidar que no únicamente la delincuencia organizada socava el estado de derecho, (sino que) también las autoridades lo hacen cuando cometen violaciones a los derechos humanos y garantizan su impunidad", como ha sucedido durante el conflicto en Oaxaca.
"Lo que hemos estado presenciando en Oaxaca es una lucha pacífica del pueblo, sus organizaciones y movimientos por el reconocimiento y respeto de sus derechos humanos, por su condición de ciudadanos, por la democracia, por un estado de derecho, por una seguridad pública dentro de la ley. Por un Estado que reconozca y garantice sus derechos humanos en la Constitución y en las leyes, y por un gobierno consecuente que los haga valer en la práctica de todos los días", refiere el defensor de las garantías fundamentales.
El activista sostiene que la sociedad no puede admitir "las arbitrariedades" cometidas en Oaxaca, con la justificación del uso de la fuerza pública y el argumento de encauzar a la disidencia social dentro de la ley, "cuando son las mismas autoridades quienes comienzan a violarla".
En alusión a las declaraciones de la titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Carmen Diez Hidalgo, ante el primer informe de la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos sobre el conflicto de Oaxaca, al descalificar las investigaciones de este organismo por ser una agrupación no reconocida como Amnistía Internacional, Concha Malo subraya que las primeras conclusiones del Comité 25 de Noviembre merecen "la más amplia difusión" y atención de las autoridades.
No "es legítimo que puedan llegar a argumentar que sus informaciones no se sostienen, porque sus autores no han llevado a cabo las investigaciones judiciales correspondientes. Eso toca a ellas (a las autoridades), y para ello han sido designadas".
El también colaborador de La Jornada afirma que desde el sexenio pasado se ha criminalizado la protesta social en el país, lo que transgrede los derechos civiles de la ciudadanía, haciéndola vulnerable ante el "ejercicio arbitrario del poder político".
Así alude a los operativos militares contra la delincuencia organizada de la administración de Felipe Calderón: "estamos asistiendo a una tergiversación inadmisible entre los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional. Es un grave retroceso en las conquistas sociales obtenidas por el pueblo mexicano desde hace lustros".
Además, dijo, estas medidas contravienen los compromisos internacionales firmados por México y a la propia Constitución, pues "las fuerzas armadas no están facultadas ni capacitadas para funciones de policía, ni para funciones que le competen exclusivamente al Ministerio Público".