Usan retenes antinarcos para identificar activistas
Denuncia la APPO hostigamiento militar
Oaxaca, Oax., 26 de enero. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) denunció que soldados del Ejército Mexicano hostigan e intimidan a sus miembros en los retenes instalados en la carretera costera durante las acciones que realizan con policías en los límites con Guerrero para detener a presuntos narcotraficantes e incautar armas, ante el reciente crimen de cuatro personas en Puerto Escondido.
"También andan tras compañeros del movimiento magisterial y popular", afirmó Florentino López Martínez, uno de los voceros de la APPO. Dijo que los soldados han instalado puestos de revisión en inmediaciones de Río Grande, Tututepec, Santiago Jamiltepec y Pinotepa Nacional, "pero no solamente para buscar drogas o armas sino también para tratar de identificar" a militantes y simpatizantes de la APPO.
Además de impedir el tránsito, asentó, "violan los derechos políticos, porque al detener los vehículos, a muchos compañeros se les ha decomisado propaganda y documentos" del movimiento magisterial y popular, "e incluso sus identificaciones".
"Es mentira que sólo están persiguiendo a los narcos; intimidan y hostigan a los compañeros por pertenecer a la APPO, y los amenazan con que los van a detener y llevar al campo militar por traer carteles o algún escrito", remarcó.
Demandó al gobierno federal detener esta "nueva campaña represiva" contra los miembros y simpatizantes de la APPO por violar las garantías individuales dispuestas en la Constitución. Pues, subrayó, la APPO "no es un movimiento armado, sino eminentemente político, pacífico, de masas, que lucha por un cambio en Oaxaca".
Por otra parte, Flavio Sosa Villavicencio, miembro del Consejo Estatal de la APPO, encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, compartió el módulo de máxima seguridad con Osiel Cárdenas Guillén, uno de los jefes del cártel del Golfo, recientemente extraditado a Estados Unidos, según informó un pariente que recién visitó al líder social.
"Platiqué con él y me comentó eso, pero no pudo platicar con Ossiel ni con otros presos, porque si bien no está incomunicado, su situación es crítica", señaló.
Sosa, relató, "está en una celda chica y sólo le dan una hora de sol que utiliza para caminar". Destacó que en el tiempo restante escribe cuentos e historias, pero nada relacionado con la APPO. "Le pasan hojas para que escriba, pero siempre y cuando no tenga que ver con el movimiento", expresó.
Explicó que su familiar se encuentra en buen estado físico y sicológico, pese a la cárcel. "Ha asimilado estar preso; no está deprimido porque sabe que está en el penal por participar en una lucha social, por cambiar a Oaxaca, y no por ser un delincuente", asentó. Mencionó que Sosa sólo se preocupa por la salud de su madre, Irene Villavicencio, y por su hermano Erick, preso en el penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas, por haber sido encarcelado sin participar en la APPO. "Me preguntó cómo iba su proceso, porque no tiene relación con el movimiento y que lo deberían trasladar a Oaxaca", señaló. En su pueblo natal, San Bartolo Coyotepec, las policías locales emprendieron un operativo para evitar protestas de familiares o pobladores durante la transmisión del programa Hoy, de Televisa.
Decenas de agentes rodearon la casa de doña Rosa, alfarera de fama mundial ya fallecida, y cercaron los alrededores.
En tanto, la coordinadora en Oaxaca de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Yésica Sánchez Maya, informó que un juez federal concedió el amparo y ordenó la libertad de dos personas, que habían sido detenidas por la Policía Federal Preventiva el 2 de noviembre pasado, cerca de Brenamiel. Juan Crisóstomo Aparicio García y Juan José Flores Hernández se encontraban presos en el penal de Cuicatlán, acusados por el juzgado mixto de primera instancia de ese distrito de los delitos de sedición, asociación delictuosa, resistencia de particulares y ataques a las vías de comunicación. Ante ello, dijo, es evidente la utilización facciosa de los órganos de procuración y administración de justicia, como política del gobierno de Oaxaca para criminalizar la protesta social y acallar las voces que demandan la dimisión de Ulises Ruiz. "Lo que ha hecho el Poder Judicial de la Federación es resolver conforme a derecho", señaló.
A su vez, el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Franciso Martínez Neri, se sumó este viernes a la marcha del sindicato de trabajadores y empleados de esa institución a la Secretaría General de Gobierno, para demandar mayor presupuesto. "Ha habido un movimiento social que ha mostrado las grandes desigualdades, y mientras no se acaben, los problemas seguirán", señaló el rector.