Una débil mano firme
Hace unos pocos días el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, en una declaración hecha a los medios, repitió un mensaje que de manera constante ha emitido el presidente Calderón: "Se aplicará la ley y la mano firme en todo el sexenio".
Este mensaje ha sido parte central del montaje mediático que ha promovido el nuevo gobierno; a menos de dos meses de haber tomado posesión, son numerosas las imágenes televisivas donde Felipe Calderón aparece rodeado de militares y marinos. En un mensaje claro y directo a la ciudadanía, funda su legitimidad en el presunto respaldo de las fuerzas armadas; a falta de legitimidad democrática, la violencia institucional y la fuerza del Estado son hasta ahora su principal soporte.
Costosos y poco efectivos han sido los operativos policiacos que han tenido lugar en Tijuana, Michoacán y Guerrero; los resultados obtenidos hasta ahora no son tan vistosos como lo ha sido el desplazamiento de miles de policías y soldados. Es claro que más que efectividad se está buscando proyectar una imagen de fuerza y de contundencia.
Sin embargo, ahora que la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos concluyó la primera etapa de su investigación sobre las graves violaciones a los derechos humanos de cientos de ciudadanos oaxaqueños, y que como resultado de la misma se demuestra que los responsables de delitos de lesa humanidad son los mismos funcionarios federales y estatales, la mano firme y el estado de derecho se desvanecen sospechosamente.
Otros organismos nacionales e internacionales de sobrada solvencia han expresado su preocupación por las graves violaciones a los derechos de la población, las cuales han ocurrido a lo largo del segundo semestre de 2006, y que ahora que comienza 2007 se han seguido presentando en Oaxaca.
Apenas han transcurrido tres semanas del nuevo año y ya se han practicado más de 20 detenciones arbitrarias y se ha impedido de manera violenta la realización de actos públicos garantizados por la Constitución federal. En Oaxaca, las autoridades locales siguen violando los derechos constitucionales y mantienen un estado de excepción que cancela los mismos y ello es delito.
En Oaxaca se han cometido y se siguen cometiendo todo tipo de arbitrariedades y atropellos, tales como asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros y detenciones arbitrarias, lesiones, allanamientos de domicilio, y otros muchos actos de brutalidad gubernamental. Ninguno de estos hechos, que dañaron y que siguen dañando física y sicológicamente a miles de ciudadanos y que fueron realizados de manera indiscriminada, hasta ahora ha sido castigado. Y ello también se configura como delito, y como un acto de omisión de la ley.
Estos recientes atropellos, ocurridos ya bajo su sexenio, señor Calderón, violentan la ley, la trasgreden; ¿su mano firme y su respeto al estado de derecho serán aplicados para sancionar a los responsables de los mismos?
¿O su mano firme sólo servirá para perseguir a ciudadanos que reclaman sus derechos; para reprimir aquellos que han dicho basta a los atropellos de los grupos caciquiles que se han apoderado del gobierno en Oaxaca?
Cuando habla usted, señor Presidente, de aplicar la ley sin excepción, ¿ello incluye a los funcionarios de su gobierno relacionados con graves atropellos cometidos en Guadalajara, Querétaro, Atenco, Lázaro Cárdenas o Oaxaca?
Hasta ahora los hechos revelan que el mensaje gubernamental sólo es demagogia autoritaria, ya que no se percibe la más mínima voluntad de hacer valer el estado de derecho, el cual tiene como principio el que todos, todos sin excepción, respetemos las normas y preceptos legales, y por lo visto la única voluntad gubernamental que existe es la de brindar impunidad a los responsables de los crímenes cometidos en contra de inermes ciudadanos mexicanos. Este, precisamente, es el "estado de derecho" de la derecha.