Comprador inglés sólo pagó 57 por ciento de los $26 millones que vale, dice el ex arrendatario
El gobierno de BCS remató valioso predio cerca de la playa: empresario
En la transacción, en 2005, se ignoró un amparo federal; se demandará a autoridades, asegura
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El predio de lo que fue el balneario público de El Caimancito en La Paz, BCS
Foto: Raymundo León
La Paz, BCS, 26 de enero. El gobierno de Baja California Sur vendió ilegalmente y por debajo de su valor comercial un predio de 7 mil 991 metros cuadrados colindante con la playa El Caimancito, ubicada en el kilómetro 6.6 de la carretera La Paz-Pichilingüe, junto a lo que fue la residencia oficial de los gobernadores de la entidad, aseguró el empresario Jesús Félix Enrique Martínez.
El denunciante, quien fue arrendatario del predio y concesionario de la citada playa, dijo que ante esta "venta plagada de irregularidades", solicitó al Congreso local iniciar una investigación y fincar juicio político al secretario de Planeación e Infraestructura Urbana estatal, Guillermo Jáuregui Moreno; al coordinador de Patrimonio Inmobiliario, Jorge Cota Camacho, y a la coordinadora de asesores de la Oficialía Mayor, Rosalinda Peralta Ramírez.
En entrevista explicó que luego de cuatro licitaciones fallidas, el predio fue vendido de forma directa al ciudadano inglés Jeffrey Curtis, a quien le dieron facilidades de pago, mientras a él ni siquiera le notificaron sobre las licitaciones y mucho menos se le permitió ejercer el derecho de preferencia por ser arrendatario del inmueble.
Expuso que la transacción pasó por alto un juicio inconcluso (223/2000) y un amparo federal concedido en su favor, para evitar ser desalojado del predio, luego de que en 2000 fue demandado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para entregar el terreno, aun cuando estaba de por medio un contrato de arrendamiento indeterminado y por tanto vigente.
Enrique Martínez señaló que Jeffrey Curtis, quien compró también otros terrenos ubicados en la zona, pagó 15 millones de pesos por un predio de 7 mil 991 metros cuadrados, que realmente vale 26 millones 705 mil pesos, según peritos valuadores.
Pero, puntualizó, lo peor del caso es que lo hizo en dos exhibiciones de 7 millones 500 mil pesos cada una, con una diferencia de 90 días, a pesar de que las bases de la última licitación indican que el pago debería ser único.
Mencionó que la operación comercial se efectuó mes y medio después de que entró en funciones la presente legislatura local, en marzo de 2005, por lo que los nuevos diputados desconocían los antecedentes del asunto y no había una comisión plural para darle seguimiento, según lo estipulado en el decreto 1423 del 18 de noviembre de 2003, mediante el cual se autorizó al Ejecutivo estatal la enajenación del predio.
El empresario indicó que conforme con el contrato de compraventa, el adquiriente está obligado a iniciar la construcción del proyecto propuesto dentro de un plazo de 120 días a partir de la operación, bajo el riesgo de perder el inmueble, pero hasta la fecha más de un año y medio después "no hay nada".
Jesús Félix Enrique Martínez apuntó que por los mismos motivos también presentó una demanda penal contra el secretario de Planeación e Infraestructura Urbana, Guillermo Jáuregui, ante la Procuraduría General de Justicia del estado.