Consejeros estiman que su autonomía fue violentada por la Cámara de Diputados
Analiza el IFE promover controversia constitucional contra Presupuesto 2007
El Instituto Federal Electoral promoverá una controversia constitucional "en contra del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2007" publicado en el Diario Oficial, por considerar que en su aprobación, la Cámara de Diputados violentó la autonomía del organismo. La legislación establece que el Consejo General es el único facultado para "la determinación, manejo y aplicación del presupuesto".
Por tal motivo, el Consejo General del IFE aprobará "ad cautelam y sin que implique consentimiento alguno al decreto del Presupuesto de Egresos" el ajuste de 720 millones de pesos, por lo que ejercerá 4 mil 535 millones de pesos de gasto operativo y mantendrá intactos los 2 mil 899.3 millones de pesos de prerrogativas de los ocho partidos políticos.
De acuerdo con el dictamen, que circuló anoche entre los partidos, la asignación de prerrogativas se distribuirá de la forma siguiente: PAN, 742 millones 564 mil 326 pesos; PRI, 518 millones 607 mil 618; PRD, 446 millones 114 mil 655; Verde Ecologista, 223 millones 435 mil 776; del Trabajo, 211 millones 597 mil 430; Convergencia, 200 millones 63 mil 796; Nueva Alianza, 187 millones 505 mil 882, y Alternativa Social Demócrata, 139 millones 594 mil 106.
Los 720 millones de pesos de recorte provendrán de reducir 10 por ciento el salario neto de consejeros; no incrementar sueldos de estos mismos, la Junta Ejecutiva y el coordinador administrativo de la oficina de la presidencia; reducir 4 por ciento el capítulo de servicios personales del presupuesto base en oficinas centrales; reducir 5 por ciento las partidas relacionadas con combustibles en oficinas centrales y juntas locales.
Igualmente, se reducirá 50 por ciento la partida de congresos y convenciones y el mismo porcentaje los viáticos y pasajes al extranjero.
Mientras, la partida para proyectos disminuye 620.2 millones de pesos, de los cuales 567.2 millones corresponderán a proyectos especiales la mitad de la partida de mil 36 millones originalmente propuesta, 37.3 millones de los proyectos de modernización 22 por ciento del total propuesto, que era de 169 millones y 15.7 millones a los proyectos de inversión, una tercera parte de la propuesta original, de 45.6 millones.
Así, el principal proyecto estratégico, el de actualización del padrón electoral, verá reducida su asignación de 685.3 millones de pesos a 507.2 millones; es decir, en 26 por ciento.
Una controversia sin consenso.
La controversia constitucional está propuesta como punto de acuerdo por cinco de los consejeros el presidente, Luis Carlos Ugalde, Arturo Sánchez, Alejandra Latapí, Andrés Albo y Teresa González Luna, que están convencidos de esta vía y con seguridad aprobarán su instrumentación en la sesión del Consejo General de mañana. Otros consejeros consideran que esto abre un camino de confrontación con el Poder Legislativo, pero la mayoría está garantizada, al menos por un voto.
El propio Ugalde acudió inusualmente a las oficinas del resto de los consejeros para tratar de ganar apoyos a la propuesta, que se hará pública en el contexto de la polémica desatada en el Legislativo sobre la remoción de integrantes del IFE. En los próximos días, el secretario ejecutivo, Manuel López Bernal, presentará el recurso.
En la argumentación se establece que el artículo 49 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que para la definición de las prerrogativas de los partidos, el Consejo General del IFE determinará anualmente los costos mínimos de campaña un elemento base para calcular las partidas generales, mediante la aplicación del Indice Nacional de Precios al Consumidor y los costos aprobados el año inmediato anterior.
Dicho artículo refiere que, una vez concluido el proceso electoral, el IFE realizará un estudio para revisar los elementos o factores conforme a los cuales se hubiesen fijado los costos mínimos de campaña, lo que en este año no se hizo cuando se envió la propuesta presupuestal.
Bajo esta lógica, los consejeros apuntan "que se considera que el artículo 15 del decreto de Presupuesto, así como otras disposiciones relacionadas del propio ordenamiento legal, es violatorio de la autonomía del IFE, toda vez que se presume invade la esfera competencial del mismo, en relación con la determinación, manejo y aplicación del presupuesto otorgado en el decreto.
"Lo anterior (violentar la autonomía), en virtud de que el artículo 15 del decreto de Presupuesto supone una limitante para que el IFE, en ejercicio de la autonomía constitucional que goza, pueda determinar la manera en la cual ejerce el presupuesto asignado, el cual incluye el monto de las prerrogativas de los partidos."
La controversia introducida sorpresivamente en vísperas de la sesión de consejo de mañana, donde aprobarán el presupuesto ad cautelum, refiere además que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se dispone que la autonomía presupuestaria que tienen los organismos autónomos incluye, entre otras atribuciones, la de ejercer y autorizar adecuaciones a su presupuesto, así como determinar los ajustes que correspondan a dichos presupuestos.
En el decreto de presupuesto, los diputados señalaron expresamente que el recorte de 720 millones de pesos debería ser asumido en su totalidad por el gasto operativo del IFE y dejar intactas las prerrogativas.
Por ello, en el dictamen del presupuesto se establece expresamente que el ajuste se hace ad cautelum, en virtud de que "el presente acuerdo se sustenta en una norma vigente y obligatoria, que se encuentra sub judice a los términos de la sentencia que se llegue a dictar en el proceso constitucional que se iniciará".