Derechos humanos de ocasión
Felipe Calderón demuestra día a día sus profundas convicciones neoliberales y su aversión al sentido de un Estado democrático de derecho, una de cuyas vertientes centrales radica en los derechos humanos en su más amplio espectro. No obstante, es capaz de "reorientar" su discurso y convertirlo en un medio para alcanzar sus fines comerciales, por supuesto, pues anda en busca de inversionistas.
En su viaje a Europa se topó con cuestionamientos de activistas en torno a la represión en Atenco y en Oaxaca, así como al fraude electoral, ello provocó "el milagro" y de pronto encontramos al residente de Los Pinos declarando que "su gobierno está abierto a defender estas garantías y a despejar cualquier duda que haya acerca de su vigencia en el país. Pero aclaró que "no debe confundirse la vigencia de estas garantías con la ausencia de la ley o la incapacidad o la imposibilidad de que el Estado cumpla con su deber".
En contraste, acá en México los funcionarios de la Secretaría de Gobernación descalificaban el informe preliminar sobre Oaxaca, elaborado por la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), y lo hacían incluso contra la propia comisión; sin embargo, "la línea cambió" y trataron de corregir lo dicho por la titular de la Unidad de Derechos Humanos de dicha secretaría. En ese viraje cosmético influyó también la postura de Amnistía Internacional (AI) que reclamó al Presidente de México que ponga "fin a la larga tradición de impunidad por las violaciones de derechos humanos perpetradas en su país".
Durante dos meses el tema de los derechos humanos había sido eludido en el discurso y su violación solapada en la práctica. En el Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano Mexicano, realizado el pasado 5 de diciembre, Felipe Calderón se comprometió a velar por los derechos de los inversionistas antes de hacerlo por los derechos humanos. Ese mismo día, Flavio Sosa, uno de los líderes de la APPO, fue detenido cuando llegó al Distrito Federal para participar en una reunión de supuesta negociación en la Secretaría de Gobernación.
El silencio de Felipe Calderón sobre Oaxaca se rompió cuando Claudia Herrera, reportera de La Jornada, lo cuestionó y su respuesta es elocuente: "Hemos actuado conforme a la ley y seguiremos actuando conforme a la ley. En mi gobierno nos enfocaremos a que prevalezca el estado de derecho y no habrá impunidad para nadie; ni los signos políticos, ni los cargos que se ocupen, ni las ideologías o medios que se tengan, van a ser excusa para que alguien pretenda actuar al margen de la ley". (14/1/07). Y todo ello con un Ulises Ruiz "ratificado y exonerado" desde el poder, sin investigación ni deslinde alguno sobre sus responsabilidades.
Capítulo aparte merece el sigilo con el que se desmanteló a la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la cual si bien no obtuvo resultados positivos en el sexenio anterior, no deja sin vigencia la responsabilidad del Estado para esclarecer los crímenes de 1968, los de 1971, los cometidos durante la guerra sucia, así como los relativos a los centenares de desapariciones forzadas. Tampoco se respondió nada cuando Human Rights Watch declaró en la sección de su informe mundial relativa a México (Nueva York, 11 de enero de 2007) que la tortura y el uso excesivo de la fuerza por las autoridades y la impunidad oficial están entre los principales problemas de derechos humanos que padece México.
El amplio y bien documentado informe de la CCIODH puso el dedo en la llaga cuando señaló entre sus conclusiones: "La comisión considera que los hechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una estrategia jurídica, policiaca y militar, con componentes sicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista".
En efecto, en la preocupación calderonista por "la ley y el deber del Estado" hay un reduccionismo conservador inocultable; no logra ver la dimensión constitucional de los derechos humanos y sugiere que el Estado es amenazado y "la ley violada" cuando se lucha por la vigencia de esas garantías fundamentales.
La línea de "mano dura", promovida mediante la movilización militar contra el crimen organizado, es una jugada de varias pistas: se pretende crear un clima de respaldo social en torno al "orden" jugando con fuego en un tema que requiere políticas más integrales y, al mismo tiempo, mandar un mensaje intimidatorio a las protestas sociales, cuyo crecimiento es previsible en la medida en que continúen los incrementos de precios en artículos de consumo básico, pero también cuando se pretenda avanzar en las llamadas reformas "estructurales". ¿En qué se traducirán los anuncios calderonistas de ocasión en torno a derechos humanos?