Seguridad para el Distrito Federal
En el tema de los problemas más graves que atañen a la sociedad mexicana y a sus autoridades, el Gobierno del Distrito Federal vuelve a ponerse a la vanguardia en un sector clave, el de la seguridad pública.
El jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, en el marco del Consejo de Seguridad Pública de la ciudad de México, presentó un amplio programa sexenal, sin alardes con dedicatoria a los medios, pero con lenguaje comprensible y dando prioridad a la eficacia y a la factibilidad, integrado por nada menos que 90 acciones a ejecutar en este campo tan sensible y tan cercano a las personas y a sus bienes.
Destaco y comento algunos puntos que me parecen significativos y por los que considero que el gobierno de la capital del país se pone nuevamente a la vanguardia en este terreno. En primer lugar, la inclusión de la participación ciudadana en el combate a la inseguridad y en la persecución de los delitos, política con la que se cumple una promesa de campaña de participación democrática.
Ciertamente, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se organizaron e impulsaron las 70 coordinaciones territoriales de seguridad y procuración de justicia, y una de las tareas que desempeñaron fue el contacto y relación permanente con grupos vecinales, escuelas, padres de familia y víctimas de los delitos. En el programa 2007-2012, sin abandonar, sino por el contrario retomando y perfeccionando el programa, se da un paso más adelante en este campo de la participación, aterrizando en acciones concretas; me refiero a lo que el actual jefe de Gobierno ha llamado "observatorio ciudadano" y que será un método y un espacio participativo por el que los vecinos ciudadanos y en general las personas interesadas, serán quienes valoren y califiquen a los encargados de la seguridad y la justicia. Sin la colaboración y cercanía entre gobernantes y gobernados, poco se podrá hacer al respecto.
Otro punto positivo, producto de la experiencia en cargos anteriores, y sin duda también de reflexiones de él y de su equipo, así como una muestra de buen gobierno, lo constituye el equilibrio que se busca entre la prevención directa a cargo de la policía uniformada y la prevención más amplia relativa al entorno de las zonas delincuenciales.
Junto con el propósito de incrementar el número de policías vigilantes en las calles, encontramos en el proyecto otras medidas complementarias, como la vinculación de muchos de los nuevos elementos a la denominada "Policía de Barrio", medida que nos remite a la propuesta de Leoluca Orlando que, junto con el mejoramiento del entorno, impulsó en Palermo la colaboración de los vecinos de los barrios con la policía.
La propuesta es equilibrada: más y mejor vigilancia, incluidos timbres de alarma, lectura óptica de placas, cámaras de video y más policías en las calles, junto a otras medidas menos policiacas y más relacionadas con el entorno: encendido de luminarias, poda de árboles, retiro de obstáculos en la vía pública y en general, disminución o supresión de ambientes que propicien o faciliten la comisión de ilícitos.
Así, mientras el gobierno federal da golpes efectistas de fuerza y accede o se doblega ante exigencias externas de extradición, el de la capital del país, con un amplio consenso ciudadano, equilibra presencia de fuerza con medidas urbanas de buen gobierno; esto podría sintetizarse como mínima represión combinada con mucha prevención.
Finalmente, junto con este reconocimiento, me refiero también a un punto con el que disiento y que pudiera a la corta o a la larga, ser contraproducente; me refiero a la propuesta de que la Policía Judicial vigile y patrulle, y la preventiva, sin uniforme, investigue delitos. Aparte de la discutible legalidad de la medida y de las posibles consecuencias en abusos y excesos, el punto nos recuerda las ambigüedades y arbitrariedades del antiguo Servicio Secreto y la no tan antigua Dirección de Investigación y Prevención de la Delincuencia, que tan abusiva, violenta y arbitraria resultó en los tiempos de Arturo Durazo.