El pueblo es el que debe determinar su futuro, dicen
Organismos sociales realizarán un referendo sobre recursos estratégicos
Organizaciones sindicales, campesinas, de inmigrantes, sociales, populares, de intelectuales y muchas otras encabezadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), determinaron llevar a cabo un referendo nacional para que el pueblo determine el futuro de los recursos estratégicos, la revocación del mandato y la vigencia de la Constitución de 1917; asimismo, anunciaron la realización de una marcha por los derechos de la mujer y la educación, el 8 de marzo, y un paro nacional y toma de carreteras para el 2 de mayo.
Estas acciones forman parte del plan de acción inmediato que se definió en el Tercer Diálogo Nacional, que llevaron a cabo más de 600 organizaciones de todo el país y cuyas conclusiones fueron dadas a conocer ayer por los dirigentes del SME, Martín Esparza; de la Alianza de Tranviarios, Benito Bahena, y de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda.
Las acciones incluyen la campaña ''Salario mínimo al gabinete, 'pa que vea lo que se siente'', y otra más por el salario constitucional y en defensa de la seguridad, así como brigadas populares locales y regionales en todo el país ''para forjar la adhesión al nuevo Pacto Nacional'', durante marzo y abril; la marcha de los 100 años del movimiento social y popular el primero de mayo, así como el paro nacional al día siguiente, por la soberanía popular y la vigencia de la Constitución, señaló Esparza.
Inclusive, la protesta del primero de mayo será denominada ''tridimensional'', porque se realizará en forma paralela en México, Estados Unidos y Canadá, explicaron Benito Bahena y Eduardo Miranda. Este último dijo que de inmediato saldrán comisiones a entrevistarse con líderes de movimientos obreros y populares en los países del norte, para acordar la movilización conjunta.
Explicó que la marcha del 8 de marzo también será en defensa del salario, el empleo y la soberanía alimentaria y energética, y explicó que se trata de unir toda la protesta y la resistencia contra la política económica del actual gobierno, por lo que se incluyen acciones en las que se podrá sumar todo el pueblo.
Las conclusiones del Tercer Diálogo Nacional, que se llevó a cabo en el Sindicato Mexicano de Electricistas, fueron dadas a conocer en el contexto del 90 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, y ahí el dirigente explicó que se buscará la unidad de organizaciones para evitar a toda costa que pasen las reformas estructurales que buscan los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN). ''No pasarán'' esas reformas, advirtió una y otra vez, porque ''no le creemos al gobierno que la privatización de sectores estratégicos servirá para pagar la deuda externa del país, invertir en salud y educación, eso es una mentira'', aseguró.
Por su parte, Benito Bahena dio a conocer el documento final acordado por las centenas de organizaciones participantes en este diálogo, en el que se establece que la resistencia social contra el neoliberalismo y el autoritarismo crece por muchos rincones del país, y ante este descontento e irritación, las organizaciones deberán pasar a la ofensiva y por ello acordaron suscribir un ''Pacto Político Nacional'' para restituir la legalidad constitucional, forjar la soberanía popular y ''detener la manos del autoritarismo de la derecha''.
Eduardo Miranda explicó al respecto que en ese pacto cerca de 600 organizaciones se comprometen a defender los derechos políticos y libertades democráticas del pueblo, además del patrimonio nacional, la soberanía y la independencia económica del país, amén de unirse para el surgimiento de un nuevo gobierno emanado verdadera y democráticamente del pueblo y restaurar por esa vía la legalidad de la Constitución.