Reclama adeudos fiscales por 3 mil millones de pesos
Interviene Hacienda las cuentas bancarias de cooperativa Excélsior
La Secretaría de Hacienda intervino las cuentas bancarias de la cooperativa Excélsior, actualmente en proceso de liquidación, por adeudos fiscales de ejercicios anteriores. Trascendió que el monto requerido por las autoridades asciende a 3 mil millones de pesos.
El representante legal de 400 socios en total son 863, Omar Olvera de Luna, informó que la Procuraduría General de la República (PGR), por medio del Ministerio Público Federal para Asuntos Relevantes, iniciará el estudio jurídico para determinar si la querella presentada por socios y trabajadores por la compraventa de sus bienes y activos es ilegal, lo cual permitirá definir si la investigación debe ser atraída al ámbito federal.
Explicó que luego de haberse reunido con Gandhi Pimentel, adscrito a la dirección de Asuntos Relevantes de la PGR y representante del titular de la institución, Eduardo Medina Mora, se obtuvo el compromiso de resolver en el corto plazo la denuncia correspondiente.
Durante la reunión se planteó que el procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Félix Cárdenas, ha actuado en favor de quienes actualmente aparecen como propietarios de ese medio informativo.
Olvera de Luna precisó que la finalidad de la indagatoria presentada por integrantes de la cooperativa Excélsior es aclarar la forma en que se llevó a cabo la operación de compraventa, esto es, determinar qué es lo que se adquirió, cuál fue el destino del dinero y si el monto fue justo.
Los afectados solicitan, agregó, que el caso sea atraído por el ámbito federal, porque es ahí donde deben dilucidarse los problemas relacionados con el cooperativismo y no en el fuero común.
El abogado de los cooperativistas precisó que la liquidación de los socios, efectuada el 23 de enero de 2006 en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, no fue competente.
Destacó además que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha incurrido en omisiones graves, como pretender cambiar la calidad de los cooperativistas afectados, al pasarlos de denunciantes o querellantes a testigos, por lo que consideró que la PGR debe atraer el caso.
La liquidación, dijo, se efectuó después de una asamblea amañada y en circunstancias en que el personal que se encontraba laborando había sido colocado en condiciones de desesperación después de más de 60 meses de no recibir su salario.
Los cooperativistas afectados consideran que la decisión de las autoridades hacendarias, de intervenir las cuentas bancarias de la cooperativa Excélsior, los coloca en una situación crítica debido a que entorpece el proceso de su liquidación.