Acaparadores, únicos beneficiarios del pacto tortillero
UNORCA: al campesino sólo le queda movilizarse
A los campesinos sólo nos queda levantar la voz y movilizarnos para que atiendan nuestras demandas, porque el pacto que firmó el gobierno para presuntamente controlar el precio de la tortilla sólo favoreció a los acaparadores; las cosechas de maíz se vendieron a mil 300 pesos la tonelada y, por falta de apoyos suficientes y constantes en Nayarit, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y estado de México, se dejaron de sembrar cientos de hectáreas, afirmaron dirigentes regionales de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA).
En el arranque de diversos foros estatales para difundir la situación de los productores de granos, particularmente de maíz y frijol, Pedro Magaña, Carlos Rivera Bulmas y Rolando Benítez hablaron de su preocupación por el "actual escenario" del maíz. "No sabemos si realmente será benéfico para ese 85 por ciento de los campesinos que tienen menos de cinco hectáreas porque para ellos ya no hay políticas de aliento para la producción, los recursos de los programas gubernamentales son acaparados por los grandes productores y por los rentistas de las tierras."
En Guanajuato "el abandono del campo es brutal", resumió Magaña al referirse la situación de los pequeños agricultores, quienes además están disputando sus derechos por el agua que les están arrebatando las grandes constructoras y las agroempresas. "El gobierno no ha comprendido que los maiceros no estamos en desacuerdo con el alza del precio del grano porque estamos en un mercado de oportunidad, pero con el presunto control del precio de la tortilla sólo beneficia a los acaparadores y nos perjudica a nosotros. Si tiene que subsidiar el precio de la tortilla, que lo haga y establezca un programa emergente de producción de maíz que ponga en manos de los pequeños y medianos agricultores infraestructura y el sistema de comercialización, con un sólido respaldo financiero."
Carlos Rivera Bulmas, aseguró que en Nayarit los campesinos siguen con ánimo para sembrar, pero el desmantelamiento de la infraestructura estatal y las dificultades para acceder a los financiamientos los dejaron fuera. "Hace 12 años, en el estado se sembraban 140 mil hectáreas con frijol y 130 mil con maíz y se nos conocía como la costa de oro por nuestra aportación a la cosecha nacional, pero la política neoliberal llegó y ahora sólo sembramos 40 mil hectáreas con la leguminosa y 12 mil con el grano, y seguimos a la baja porque la mayoría de los programas como Alianza para el Campo son para los ricos. Sí hay desaliento, pero con respaldo gubernamental somos capaces de producir más maíz porque no hemos vendido nuestras tierras".
Al presidente Calderón los productores "tendremos que desmentirlo y decirle que se ¡calle! porque es mentira que defienda nuestros intereses. ¿Dónde está la planificación para el desarrollo rural, para proteger al maíz? El gobierno puede firmar acuerdos, pero están destinados al fracaso porque no nos incluye a todos los campesinos", asentó Rolando Benítez. Advirtió que los 75 mil productores del estado de México que siembran maíz no se darán por vencidos, pero acotó en esta coyuntura no ganarán porque siguen sujetos a los intermediarios. "Nuestro talón de Aquiles son los costos de producción y la falta de infraestructura."
Integrantes de la comisión ejecutiva de UNORCA, los dirigentes estatales apuntaron que ante la indiferencia del gobierno a sus propuestas y falta de respeto a sus demandas, los campesinos de la organización emprenderán movilizaciones estatales y regionales. "Ante esta política depredadora que beneficia a unos cuantos y condena a la mayoría, hay que seguir luchando y gritar que el país está transitando hacia la insuficiencia en la producción de sus alimentos. Pero si el gobierno sigue respaldando a consorcios y trasnacionales, como Monsanto, Cargill y Dupont, esto va a estallar porque ya no se aguanta la miseria ni el acaparamiento y especulación con los alimentos."
Rafael Galindo, dirigente de la CCI, propuso a la Presidencia de la República abrir una mesa de diálogo con las organizaciones agrarias para discutir y acordar una agenda de trabajo para el sector rural. "Es urgente modificar las reglas del juego entre ambas partes para garantizar la estabilidad del país", consideró.
Propuso que el diálogo parta del reconocimiento al aumento y redistribución de los recursos destinados al campo; reorientar la política social en el medio rural para lograr que todos queden incluidos en la visión productiva del Estado, y la revisión y renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.