El Estado toma el control administrativo, técnico, jurídico y financiero del complejo

Nacionaliza Bolivia fundidora de filial de la empresa suiza Glencore

Proclama Evo Morales "la recuperación e industrialización de todos los recursos naturales del país"

El gobierno ofrece seguridad laboral; otorga a Vinto el monopolio de la comercialización de estaño

AFP, REUTERS

Oruro, Bolivia, 9 de febrero. El presidente de Bolivia, Evo Morales, nacionalizó, apoyado por fuerzas militares, una fundidora de minerales administrada por una filial de la multinacional suiza Glencore, en el marco de su política de estatización de los recursos naturales. El decreto supremo que nacionaliza, sin indemnización inmediata, las fundiciones de estaño y antimonio de la compañía suiza Glencore, fue emitido por Evo Morales.

Con la reversión al dominio del Estado del complejo metalúrgico Vinto (380 kilómetros al sur de La Paz), el gobernante socialista dio inicio además a una nueva era de industrialización de las materias primas bolivianas. En otro paso de una prometida "segunda nacionalización" de la minería, tras reponer el año pasado el control estatal sobre la industria de hidrocarburos, Morales proclamó "la recuperación e industrialización de todos los recursos naturales" del país.

"Llegó la hora de industrializar todos nuestros recursos naturales, renovables, no renovables, metálicos, no metálicos", proclamó el mandatario en un acto público, en el que el Estado tomó el control administrativo, técnico, jurídico y financiero de la planta.

La medida generó dudas en los obreros del complejo que inicialmente forcejearon con fuerzas militares para impedirles el paso a la planta, pero tras recibir seguridades de que habrá estabilidad laboral y de que el gobierno invertirá pronto unos 10 millones de dólares, aplaudieron la nacionalización.

"Se revierte al dominio del Estado boliviano el Complejo Metalúrgico Vinto con todos sus activos actuales, disponiendo que la (estatal) Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) asuma de inmediato el control administrativo, técnico, jurídico y financiero," cita el artículo único del decreto.

Dispuso también que la EMV realizará auditorías para determinar eventuales "responsabilidades de ley" de los ex dueños o del Estado ante la nacionalización de una industria, cuya privatización en la década pasada fue calificada como "ilegal" por el mismo decreto. Vinto está ubicado 240 kilómetros al sur de La Paz, en el distrito altiplánico de Oruro.

El ministro de Minería, Guillermo Dalence, anunció en el mismo acto que el gobierno decidió además otorgar a Vinto el monopolio de la comercialización internacional del estaño, lo que obligará a todos los productores en Bolivia a entregar sus minerales a las fundiciones.

No había una reacción inmediata de la filial local de Glencore, que opera en Bolivia después de comprar en el 2004 todos los activos, incluido Vinto, de la empresa Comsur del ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, actualmente autoexiliado en Estados Unidos.

La minera Sinchi Wayra, filial boliviana de Glencore, no había comentado de inmediato la expropiación de sus activos. La reversión del complejo metalúrgico arrancó aplausos de la opositora Unidad Nacional (UN, centroderecha) y críticas de la conservadora Podemos, del ex presidente derechista Jorge Quiroga.

El gobierno alegó irregularidades en la adquisición de Vinto por parte de la trasnacional suiza. La planta, valuada en 90 millones de dólares, fue transferida en 1997 por el Estado a la inglesa Allied Deals, en 10 millones de dólares, y tras su quiebra la vendió en 2000 a la empresa Compañía Minera del Sur (Comsur), de propiedad del ex presidente ultraliberal y poderoso empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada, en apenas 6 millones de dólares, según el gobierno.

Tras haber sido derrocado por una insurrección popular en octubre de 2003, Sánchez de Losada se exilió en Estados Unidos y, paralelamente, transfirió el 61 por ciento del paquete accionario de Comsur a la empresa Sinchi Wayra, administrada por la suiza Glencore, por un precio no divulgado.

Frente a este cuadro, Morales pidió en su discurso "con mucho respeto que los empresarios privados y transnacionales operen dignamente, transparentemente; esas transnacionales que operan de manera oculta, a ésos no vamos a perdonar, porque hay que hacernos respetar", señaló.

El mandatario, que se propone hacer crecer la economía de su país a un ritmo de 7 por ciento, alabó las potencialidades de sus nacionalizaciones y sustentó, en cambio, que "el liberalismo, neoliberalismo, no ha representado solución y ha sido la descapitalización del Estado".

La estatización de los recursos naturales permitirá que "juntos trabajadores, campesinos y profesionales apostemos por una nueva Bolivia", propugnó. "Hemos comenzado a cambiar Bolivia", proclamó, al tiempo que expresó su deseo de que esta nación andina pueda "crecer como Cuba".

"Cuba es el medallero en crecimiento económico, como decía (el presidente de Venezuela Hugo) Chávez (alcanzó el) 11.5 por ciento de crecimiento económico y luego 12 por ciento, seguido por Argentina y Venezuela", subrayó.

En abono de su política nacionalizadora ­que cuadruplicó los ingresos del gas natural­ Morales señaló que "en Bolivia, el año pasado, dejamos de ser antepenúltimo país más atrasado en crecimiento económico".

Con las medidas adoptadas en los sectores de hidrocarburos y minero, pilares del crecimiento económico boliviano, junto con la agropecuaria, "queremos llegar a 7 por ciento de crecimiento; queremos crecer como Cuba", expresó.

El mandatario había nacionalizado previamente, en mayo del año pasado, la ingente riqueza en hidrocarburos y logró acuerdos con Caracas y Buenos Aires para instalar en el corto plazo dos plantas que le dará valor agregado al gas natural que Bolivia exporta a Brasil y Argentina.

Bolivia posee una reserva probada y probable de 48.7 trillones de pies cúbicos, la segunda de América del Sur, después de la venezolana, según datos oficiales.

Morales dijo tras firmar el decreto que "todas las empresas que eran de Sánchez de Lozada tienen que volver a manos del Estado" y aseguró que no tenía miedo a eventuales demandas judiciales en el extranjero o en Bolivia.

Pero el mandatario no ofreció detalles sobre otras medidas de la "segunda nacionalización," aunque se conoce ya un polémico plan de alza de impuestos para una industria que exportó en el 2006 minerales por casi 800 millones de dólares, la quinta parte de las ventas totales de Bolivia al extranjero.

"Privatización ilegal"

El decreto de nacionalización señaló que el Estado tenía la "obligación" de recuperar las fundiciones, porque éstas se encontraban en una indefinición jurídica provocada por un "cúmulo de irregularidades."

Entre esas irregularidades fue citado el hecho de que el complejo metalúrgico fue privatizado, en un proceso iniciado en 1996, pese a una ley de privatizaciones que excluía expresamente a las empresas productivas del Estado.

El decreto señaló también que la compañía inglesa Allied Deals, primera propietaria privada, pagó sólo 14.7 millones de dólares por una industria valuada en más de 90 millones y la transfirió a Comsur violando una prohibición contractual de traspaso antes de completar tres años de gestión. Además, agregó el decreto, la transferencia de Vinto a Allied Deals y los sucesivos dueños privados no fue aprobada por el Congreso.

Las fundiciones, con capacidad de producción anual de 30 mil toneladas métricas de estaño metálico y 5 mil toneladas de antimonio metálico, fueron construidas entre fines de la década de 1960 y principios de 1970.