La propuesta del Frente Amplio Progresista, base para legislar en la materia

Consenso en el Senado para poner freno a sueldos de altos mandos: Joaquín Coldwell

ANDREA BECERRIL

La iniciativa del Frente Amplio Progresista para modificar la Constitución con el propósito de reglamentar los sueldos y demás prestaciones de los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, avanza en el Senado y será la segunda en aprobarse, luego de la reforma del Estado que se votará el próximo martes en Xicoténcatl.

Las fuerzas políticas están prácticamente de acuerdo, inclusive en que a partir de esa ley, que entraría en vigor en 2008, se regulen también las pensiones de los ex presidentes de la República.

Es una iniciativa presentada en diciembre al pleno senatorial por el perredista Pablo Gómez, basada en una de las propuestas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de instaurar la austeridad republicana y acabar con los salarios millonarios que perciben desde presidentes municipales hasta secretarios de Estado.

A finales de enero, el presidente Felipe Calderón hizo llegar al Senado una iniciativa similar, pero de menor alcance, que se dictamina conjuntamente, pero la base es la propuesta del senador perredista Pablo Gómez, según detalló el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priísta Pedro Joaquín Coldwell.

Precisó que desde diciembre venían trabajando en comisiones en torno a esa iniciativa de Pablo Gómez para reformar los artículos 127 y 75 constitucionales; la han analizado, dijo, con todo detenimiento y se le harán algunas "adecuaciones de tipo jurídico" .

No son cambios de fondo, aclaró, ya que la intención es preservar el espíritu de la iniciativa, cuyo objetivo "es poner freno a la anarquía que hay en materia de sueldos de los funcionarios públicos y también a los excesos que se dan a través de ingresos que resultan ofensivos para una sociedad, como la mexicana, con grandes carencias".

El ex gobernador de Quintana Roo indicó que se trata de encontrar "un sano equilibrio, donde los funcionarios públicos sean bien retribuidos, pero que esté sistematizado adecuadamente y que exista lo que Juárez llamaba la honrosa medianía".

Aseguró que no hay diferencias mayores entre las fuerzas partidistas y se acordó, por ejemplo, que en lugar de fijar un tope en salarios mínimos, como viene en el documento original, se establezca que el máximo salario para los servidores públicos sea el del Presidente de la República y que nadie podrá ganar más que éste. "Ello, porque hoy en día hay alcaldes que perciben más que el Ejecutivo federal".

­¿Se mencionó que la fracción del PRI estaba en contra de regular las pensiones de los ex presidentes?

­No. No hay ningún conflicto. Aquí también se llegó ya a un consenso. El propósito es consagrar en la Constitución el principio de que las pensiones para los servidores públicos sólo pueden ser fijadas por medio de un contrato colectivo, condiciones generales de trabajo, por ley o por decreto legislativo.

De ahí que, destacó, las pensiones de los ex presidentes deberán ajustarse al nuevo marco jurídico.

Joaquín Coldwell detalló que uno de los puntos que aún estudian es cómo adecuar la disposición a todos los poderes del Estado, de manera particular en el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sobre las críticas formuladas en torno al principio de retroactividad, explicó que las disposiciones que incluye la reforma entrarán en vigor en 2008, debido a que los salarios de los servidores públicos se establecen dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, que se negocia anualmente. Por eso no podrían aplicarse este mismo año.

Al respecto, el perredista Pablo Gómez aclaró que la Constitución ordena que a ninguna ley se le podrán dar efectos retroactivos en perjuicio de ninguna persona, pero en este caso "no se trata de reformar leyes ordinarias, sino de modificar la Carta Magna y ésta no puede ser inconstitucional".