Lo dicho por el subprocurador revela la falta de interés del gobierno en el tema
ONG critican derrotismo de Castro Lozano sobre los derechos humanos
Quienes han violado las garantías ahora dirigen las políticas públicas del país, dicen
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Activistas criticaron que funcionarios con antecedentes de violación a los derechos humanos dirijan las políticas públicas, en referencia al titular de Gobernación, Francisco Ramírez, quien durante su gubernatura en Jalisco ordenó la represión de globalifóbicos, en 2004
Foto: Archivo
Defensores de los derechos humanos calificaron de "absurdas y carentes de sentido" las declaraciones del subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Juan de Dios Castro, quien aseveró que México "no tiene posibilidades de eliminar totalmente" las violaciones a las garantías fundamentales.
Fabián Sánchez, presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, subrayó que las palabras de Castro "son gravísimas", sobre todo por el cargo que ostenta a nivel federal, pues uno de sus deberes es lograr que esa dependencia una de las más señaladas por violaciones a las garantías fundamentales reduzca el número de acusaciones en su contra, en aras de la correcta procuración de justicia.
"Es una de las principales instancias de la procuración de justicia y lo dicho por el subprocurador causa una gran contradicción", afirmó Sánchez.
En ese sentido, indicó que opiniones como las de Castro Lozano dejan clara, una vez más, la ausencia de una política certera por parte del gobierno calderonista.
Y agregó: "primero Carmen Diez, titular del ramo de la Secretaría de Gobernación (SG), desestimó el informe sobre Oaxaca que elaboró la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos; después esa dependencia asegura que atenderá el reporte de Amnistía Internacional, pero no dice cómo; y ahora las declaraciones de Castro..."
Por separado, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, subrayó que las palabras del subprocurador de la PGR se basan en una interpretación del federalismo, en que se acusa a los gobiernos estatales de violar las garantías fundamentales, pero no se asumen las culpas federales.
Ramírez adujo que esa situación "representa un mecanismo más de impunidad pues, aparentemente, en él se escuda el gobierno federal para actuar contra los derechos humanos".
Advirtió que en esa definición de federalismo coincidiría con Castro, sin embargo, señaló que existen acuerdos internacionales dirigidos a "acrecentar" esos derechos, mismos que ante la falta de política no se aplican. "Resulta grave y bastante desafortunada la declaración, puesto que se escuda aparentemente en el marco jurídico para aceptar que existen violaciones a las garantías", dijo Ramírez.
En tanto, Luis Macías, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, comentó que la función del panista no es eliminar por completo las violaciones a los derechos humanos, pero sí puede contribuir al combatir las que comete personal de la procuraduría.
Ante esto, lo exhortó a trabajar en propuestas que permitan al Ministerio Público (MP) actuar con transparencia y en apego a la normativa internacional; que los sujetos que resulten detenidos sean puestos de inmediato ante la autoridad correspondiente, además de que se les dote de inmediato de un defensor confiable; que los agentes del MP sean "herramientas valiosas" para los derechos humanos y así formar "parte activa en la defensa y protección de las víctimas".
Comentó que la actual administración federal confirma, cada vez más, el nulo interés que tiene por la materia, pues "ahora vemos a funcionarios con antecedentes de violación a los derechos humanos encargados de las políticas públicas del país".