Deben fincarse responsabilidades por violación de garantías
Recomendación sobre Oaxaca, pide Rosario Ibarra a la CNDH
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Rosario Ibarra, demandó al ombudsman nacional, José Luis Soberanes, que emita a la brevedad una recomendación en torno a las graves violaciones a las garantías individuales de cientos de oaxaqueños, derivadas del conflicto político y social que se vive en aquella entidad.
No pueden quedar impunes los 20 asesinatos y los cientos de encarcelados ilegalmente, así como los lesionados y desaparecidos que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó en sus investigaciones, recalcó la senadora Ibarra.
El tema lo llevó a la tribuna del Senado el pasado jueves, cuando presentó un punto de acuerdo para que dicha cámara solicite, "respetuosamente", a Soberanes la recomendación que determine la responsabilidad de las autoridades locales y federales en las graves violaciones a garantías individuales que sufrieron los oaxaqueños en los últimos meses.
El punto de acuerdo fue remitido a la comisión que encabeza la senadora Ibarra, donde confía que se dictamine en los próximos días, para pasar al pleno lo antes posible, a fin de que sea votado.
"Es algo que tiene que ver con un principio elemental de justicia para las víctimas de los abusos perpetrados el año pasado por las autoridades locales y las fuerzas públicas".
Detalló que el pasado 19 de diciembre, el presidente de la CNDH presentó al Senado un informe preliminar sobre los hechos violentos en Oaxaca, basado en investigaciones que el organismo llevó a cabo a partir de junio de 2006, cuando el conflicto magisterial estaba en apogeo.
Los visitadores del organismo se presentaron en la entidad desde el 14 de junio, y se mantuvieron hasta fines de año, por lo que el informe preliminar se emitió con base en mil 211 quejas "por presuntas violaciones a los derechos humanos, a consecuencia del uso indebido de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales".
Posterior a ese informe, agregó la legisladora perredista, en la CNDH se recibieron 265 declaraciones de "quejosos detenidos", 257 de lesionados y más de 2 mil 700 testimonios, que incluyen referencias a personas desaparecidas.
La CNDH tiene registro de 20 fallecidos durante el conflicto, de los cuales 11 perdieron la vida en situaciones directamente relacionadas con la protesta que llevaron a cabo maestros e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) contra el gobierno de Ulises Ruiz.
Hay testimonios insistió la legisladora de agresiones con armas de fuego a integrantes de la APPO por sujetos no identificados, pero a los que "los primeros señalan como integrantes de la policía local, vestidos de civil, que lesionaron a diversas personas y agredieron a los ocupantes de instalaciones de Radio Universidad.
La senadora Ibarra precisó que en el informe de la CNDH se destaca que hubo violencia reiterada y excesiva de la Policía Federal Preventiva (PFP), pese a que el empleo de la fuerza pública debe ser el último recurso que tienen las autoridades para restablecer las condiciones de seguridad y tranquilidad".
"Al ser evidente la existencia de violaciones a los derechos humanos, es una necesidad imperiosa que el máximo órgano protector de las garantías individuales de los mexicanos, como es la CNDH, emita la recomendación que determine quiénes son las autoridades responsables, a fin de que se les finquen las responsabilidades penales que procedan y se reparen los daños a las víctimas".