La política del vacío
Como se advirtió desde el "mando supremo", la guerra contra el narco apenas empezó, y traerá consigo bajas y víctimas. Y puntualmente, en Acapulco fueron asesinados policías y mujeres empleadas en sus oficinas mientras en otros lados del país continuaban los ajusticiamientos y secuestros que marcan el camino de la violencia organizada, no la del Estado sino de las bandas que han surgido de los enormes déficit que nos dejó el régimen de la Revolución al (tratar de) exhalar un último suspiro investido de demócrata tardío y globalizador impetuoso, realista y pragmático (todo lo anterior entre comillas, porque poco o nada tiene de realista o pragmático meterse en una guerra que, en los términos planteados e impuestos por el fariseísmo proverbial del norte, está perdida de antemano).
Bajo advertencia no hay engaño, pero tampoco consuelo. Y esta es, tal vez, una de las primeras lecciones dolorosas que la sociedad y el gobierno tendrán que aprender en el curso de los próximos días y meses. Nada suple la falta de protección y certeza públicas en una sociedad compleja y urbana, como la nuestra, pero nada hay tampoco que de manera automática o espontánea llene los huecos que en materia de ley y orden caracterizan al Estado mexicano. No hay decreto ni magia jurídica, ni "majestad" de la ley, que en condiciones como las que hoy vivimos, nos hagan la tarea.
El gobierno tiene que hacer política y entender de una vez por todas que la comunicación social es un componente insustituible de la política del Estado democrático moderno. No hay sucedáneos para esto, y suponer que se le puede delegar a las corporaciones privadas merced a las "alianzas" fraguadas en la cruzada contra los bárbaros, es situarse en el camino de la disolución estatal.
La subversión protagonizada por el gobierno anterior en este campo ha sido enorme y sus frutos amargos los tenemos con nosotros todos los días: confusión entre propaganda y manipulación; sometimiento de la información al designio empresarial o de intereses creados y enfeudados; profusión desorbitada de imágenes y autoelogios del poder que devora el tiempo público y del Estado en aras de interminables y costosas campañas de autoengaño, como en las que han incurrido el Ejecutivo y el Congreso de la Unión, del brazo y por los medios con la Suprema Corte, la Judicatura y algunos gobiernos estatales. Campañas privadas para dirimir litigios mercantiles con medios concesionados por el Estado, y manejo inmisericorde de la parcialidad en la persecución del enemigo malo, que no es la violencia o el crimen organizado sino el populista de siempre, constituyen hoy por hoy la aterradora y corrosiva síntesis de un sistema de comunicación social que no tiene centro ni orden pero sí poder concentrado que se ve a sí mismo como legítimo contrapoder del poder constituido, si no es que como poder sustituto.
Desde ahí y por ahí no se puede hacer la política que la hora reclama. Tampoco se podrá hacer legitimando alianzas electorales non sanctas al convertirlas en alianzas de y con el Estado, como ocurrió el miércoles pasado en Los Pinos con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Las primeras señales de otra subversión del orden republicano similar a la realizada por Fox en el caso de la comunicación las tuvimos el año pasado cuando la cúpula magisterial anunció asignaciones presupuestales multimillonarias antes de que el Presupuesto de Egresos fuera presentado ante el Congreso.
Podía tratarse de una bravata o de un desvarío producto de la euforia de una victoria que prometía triunfos mayores, pero aquella tronante declaración debía haber sido razón suficiente para que los partidos y el propio gobierno que se estrenaba en circunstancias tan difíciles pusieran sus barbas a remojar. Pero, al igual que ha ocurrido en el tema de los medios electrónicos, aparte de algunas manifestaciones dignas pero aisladas de rechazo al procedimiento y el fondo de la cuestión, por su carácter eminentemente subversivo, fueron pocas las voces y los votos que se dejaron sentir.
Que el sindicato participe en las deliberaciones que deben llevar al Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial educativo debía ser un lugar común del ejercicio planificador que se decretó participativo y democrático pero nunca llegó a serlo. Pero que en los propios Pinos se anuncie que merced a una "alianza" entre el sindicato y el gobierno se harán plan, programa y, por lo visto, presupuesto, no es sólo llevar las "afinidades electorales" a los núcleos íntimos de la configuración del Estado y la política, sino envenenar todavía más las relaciones democráticas que siguen con nosotros y poner en la picota el sistema político que también nos queda. De aquí, no a la eternidad ansiada de un nuevo régimen, sino al vacío.
El gobierno y el Presidente tienen que hacer política... ¿Pero con quién?