Editorial
Respeto a los derechos humanos de todos los migrantes
Con justa razón, funcionarios, legisladores, académicos, periodistas y ciudadanos mexicanos en general manifiestan su indignación cuando las autoridades migratorias estadunidenses abusan de un compatriota, en su camino en busca de trabajo al vecino país del norte. Se exige al gobierno mexicano que haga lo necesario para garantizar los derechos humanos de nuestros paisanos en Estados Unidos y se pide investigar a fondo los hechos. Sin embargo, cuando autoridades de nuestro país cometen los mismos abusos contra migrantes centroamericanos hay silencio. Y es que mientras las autoridades mexicanas exigen que se respeten los derechos de nuestros paisanos, los centroamericanos detenidos en la frontera sur son tratados como animales.
Durante la semana ocurrieron dos hechos que ilustran este doble rasero. El viernes pasado las autoridades mexicanas exigieron a la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, que investigue a fondo un incidente ocurrido durante la presente semana en el que murieron tres inmigrantes mexicanos. En el sur, unos 500 centroamericanos fueron detenidos con lujo de violencia; mujeres embarazadas, jóvenes y niños padecieron el maltrato a punta de macanazos de los agentes mexicanos. Pese a ello, esos abusos fueron ignorados y nada se ha dicho sobre la posibilidad de iniciar una investigación para esclarecerlos y fincar responsabilidades por los mismos, algo obligado en un Estado democrático.
Es lamentable que el infierno que pasan los centroamericanos en nuestro país, en su tránsito hacia Estados Unidos, pase prácticamente inadvertido en México. De acuerdo con grupos humanitarios, la mayoría de los centroamericanos que se atreven a cruzar la frontera con México viajan en tren, con lo que exponen su vida y su integridad física al viajar escondidos en ese transporte. Los inmigrantes deben cuidarse de las maras, policías, bandas, narcos, y de accidentes propios de un viaje de esta naturaleza. Sólo 10 por ciento llega a su destino, el resto es asaltado, resulta accidentado o es detenido en centros migratorios.
Peor aún, es indignante que el trato que se les da cuando son detenidos no motive a establecer medidas que garanticen los derechos de esas personas. Basta echar una mirada a los centros de reclusión ubicados en la frontera sur, verdaderos campos de concentración donde se pisotea la dignidad humana, para constatar las penurias que viven esas personas.
Al parecer, su sufrimiento no conmueve ni siquiera a los funcionarios, legisladores u organizaciones que supuestamente tienen responsabilidades en este tema.
La Carta Universal de los Derechos Humanos es muy clara: "La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana". Es decir, no existen motivos que justifiquen excluir a grupos humanos de ese derecho. Pero sucede que las garantías fundamentales no son para todos en México, y urge revertir esta situación.
Para ello, es fundamental que las autoridades entiendan a fondo el fenómeno, para establecer medidas que protejan la vida de los migrantes, sin distinción alguna. No hay que olvidar que la gran mayoría de las personas que deciden migrar lo hacen debido a las políticas económicas neoliberales impuestas en sus países, las que han cerrado definitivamente la vía al progreso para ellos y sus familias. No son criminales que cruzan la frontera para cometer fechorías, son personas desesperadas que sólo quieren una oportunidad para vivir dignamente.
En este contexto, es imprescindible que los responsables de las políticas migratorias de nuestro país adquieran una visión más amplia de los derechos humanos, que impida en las dos fronteras que este derecho sea otorgado a discreción, según nacionalidad, raza o género.
Desafortunadamente, en esta materia hay mucho que hacer en México. Amnistía Internacional puso el dedo en la llaga: "en todo el país existen prácticas sistemáticas de detención arbitraria e impunidad", una situación que afecta en mayor grado a los grupos más vulnerables de la sociedad, como los migrantes centroamericanos.