En el operativo del fin de semana no hubo más de 500 indocumentados, aseguró
Rechaza Salazar Adame que se hayan violado derechos de centroamericanos
La Secretaría de Gobernación hace revisión total de la Ley General de Población, informa
En el contexto de las recientes críticas que han hecho organismos nacionales e internacionales al gobierno por la delicada situación de los derechos humanos en México, particularmente las violaciones a las garantías cometidas contra indocumentados que se introducen por la frontera sur, el subsecretario de Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Florencio Salazar Adame, informó que la dependencia revisa "de manera integral" la Ley General de Población.
Se trata de "poner al día" la legislación y revisar conceptos legales que permitan "remover todos aquellos obstáculos" que impidan el pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes, afirmó.
Salazar Adame rechazó que se hubieran cometido violaciones contra los derechos de los migrantes como ellos mismos lo denunciaron durante el operativo del Instituto Nacional de Migración (INM) realizado el pasado 9 de febrero, cuando interceptaron un ferrocarril de la línea Chiapas-Mayab en el que viajaban indocumentados centroamericanos.
El funcionario dio su versión de esos hechos, y aseguró que la acción tuvo lugar "a la altura" de la colonia El Paraíso en Arriaga, Chiapas, que no hubo más de medio millar de personas y, "en todo caso, se respetaron los derechos humanos".
Admitió, sin embargo, que la frontera sur constituye "un enorme foco rojo", porque es "porosa", con poco control, se violan los derechos humanos del migrante, hay actos de corrupción y bandas organizadas de polleros que se dedican a delinquir.
Sin reconocer las fuertes críticas al gobierno de Felipe Calderón por el trato a los centroamericanos indocumentados, Salazar Adame anunció que la dependencia dará a conocer en breve nuevas medidas para facilitar el acceso a las estaciones migratorias del INM de representantes de organizaciones humanitarias, agencias
de Naciones Unidas, religiosos y abogados para que visiten a los asegurados, y evitar que éstos sean objeto de actos de corrupción, extorsión o intimidación por parte de "funcionarios públicos corruptos" o de grupos delincuenciales.
En conferencia de prensa, dijo que la dependencia inició la revisión de las normas y el funcionamiento de las estaciones migratorias, las cuales, reconoció, "no están en las mejores condiciones".
Tres días después de que ocurrieran los hechos en el ferrocarril Chiapas-Mayab, el funcionario citó a conferencia de prensa para señalar que el gobierno de Calderón está "seriamente comprometido con el respeto y la promoción de los derechos humanos".
Destacó que, "a últimas fechas, diferentes medios de comunicación, así como representantes de la sociedad civil, nacionales y extranjeras, y de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos han hecho cuestionamientos a la política migratoria del gobierno federal".
En atención a lo anterior, abundó, el gobierno implementará medidas eficaces para que representantes de organizaciones defensoras de esos derechos ingresen a las estaciones migratorias. Por supuesto, aclaró, se establecerán reglas de acreditación.
Informó que la acción se inició a las 22 horas del 9 de febrero pasado y terminó a las nueve de la mañana del día siguiente. Añadió que participaron 39 elementos y se aseguraron 115 extranjeros: 43 guatemaltecos, 27 salvadoreños, 12 nicaragüenses y un cubano, entre los cuales venía una mujer embarazada, Maritza Hernández Portillo, de 27 años, que fue trasladada al hospital de Arriaga, de donde fue dada de alta para después ser repatriada.
Respecto a Yolanda de León Méndez, quien perdió una pierna esa noche, dijo que se trató de un accidente cuando quiso abordar el tren, pero que "no fue asegurada en el operativo en cuestión"; además, en la acción no había más de 500 migrantes involucrados, como se ha publicado, señaló.