Argumenta que la comisión, como organismo autónomo, no puede interponer esa demanda
Rechaza la Corte controversia de la CNDH, pese a que admitió la del IFE
El recurso había sido aceptado en primera instancia, pero la Presidencia se inconformó
Ayer el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo admitió la controversia constitucional que interpuso el Instituto Federal Electoral (IFE) en contra del recorte aplicado a su presupuesto de egresos 2007, por considerar que un organismo constitucional autónomo puede interponer ese tipo de demandas; sin embargo, ayer mismo la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó una controversia que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el argumento de que dichos organismos no están facultados para demandar por este vía.
Al resolver el recurso de reclamación 20/2007-PL, derivado de la controversia constitucional 150/2006, promovida por el Poder Ejecutivo federal -a través del consejero jurídico de la Presidencia- en contra del auto de admisión de un recurso con el que la CNDH reclamaba unos inmuebles al Presidente de la República, los ministros tomaron su decisión por tres votos contra dos, en este caso con la oposición de Genaro David Góngora Pimentel y Margarita Beatriz Luna Ramos.
Al igual que en la controversia que presentó el IFE, la demanda de la CNDH fue admitida en primera instancia por el ministro instructor (era Góngora Pimentel), pero fue al resolver el recurso de reclamación que la segunda sala consideró que los organismos constitucionales autónomos no están considerados en el artículo 105 para interponer ese tipo de controversias, sino únicamente "la Federación, los estados de la República, el Distrito Federal, los municipios, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo federal y local, así como los poderes judiciales federal o estatales".
En todo caso, la viabilidad de la demanda del IFE podría ser resuelta en una de las salas del máximo tribunal de justicia.
El primero de septiembre de 2006, el oficial mayor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario Federal, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, que se tramitara el acuerdo administrativo correspondiente a efecto de que tres inmuebles pasaran a formar parte de dicho organismo mediante una donación.
El director general de Patrimonio Federal respondió el 12 de octubre de 2006 que la petición no procedía respecto de dos inmuebles, porque no existía previsión legal en el sentido de favorecer mediante donación a organismos autónomos, y respecto del tercer inmueble señaló que ese era propiedad de la comisión.
La CNDH interpuso el 7 de diciembre del año pasado la controversia ante la Suprema Corte; el 4 de enero de este año, el ministro instructor admitió el recurso, con el número 150/2006.
Sin embargo, inconforme con la admisión de la controversia constitucional, el consejero jurídico de la Presidencia, en representación del titular del Poder Ejecutivo federal, interpuso un recurso de reclamación, al considerar que indebidamente se admitió a trámite la demanda que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Finalmente, por tres votos contra dos, la mayoría (Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Fernando Franco González-Salas y Mariano Azuela) desechó la demanda de la CNDH, al estimar que ésta no puede promover ese tipo de controversias, porque "el artículo 105, fracciones I y II, inciso g, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no establece que dicho organismo constitucional autónomo tenga facultad para ello".