Buscaría el respaldo de los consejeros durante el congreso del organismo gremial
Promueve Joel Ayala en la FSTSE su propuesta de ley del ISSSTE
El documento sigue dictados del Banco Mundial y cancela derechos laborales: Alonso Raya
El viernes próximo, Joel Ayala, diputado del PRI y dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), impulsará en el congreso de esa organización el respaldo de los consejeros a la propuesta de ley del ISSSTE que él presentó en el Senado de la República. Tal iniciativa cuenta con el aval de la Secretaría de Hacienda y de la Presidencia de la República. Mañana, también, se concretará la relección de Ayala, quien dirigirá durante tres años más el destino del organismo gremial.
La iniciativa de reforma que el entonces senador presentó el año pasado en Xicoténcatl contiene un vicio de inconstitucionalidad, porque corresponde a la Cámara de Diputados ser el órgano legislativo de origen, por tratarse de cambios al régimen de aportaciones. También carece del consenso y de la opinión de los trabajadores, los derechohabientes, los jubilados o representantes sindicales, refirió Miguel Alonso Raya, quien durante la 59 Legislatura en San Lázaro encabezó la Comisión de Seguridad Social.
A esa circunstancia se añade el hecho de que la propuesta desaparecería paulatinamente la solidaridad del sistema de reparto de la seguridad social, para dar entrada a una de cuentas individuales, lo cual consistiría en que cada trabajador autofinancie su pensión.
En 2001 el Banco Mundial recomendó al gobierno de Vicente Fox modificar el régimen de pensiones del ISSSTE por persistir el desequilibrio actuarial del sistema federal de pensiones, las operaciones no costeables de Infonavit y del Fovissste, y la inviabilidad de los 31 sistemas que operan en las entidades federativas, al poner en riesgo el sostén fiscal y financiero del país. De tal forma, el organismo multinacional sugirió al Ejecutivo federal propiciar la creación de una fuente confiable de ahorro a largo plazo para los empleados públicos que permitiera la conversión a un sistema de aportes definidos, capitalizado y administrado en forma privada.
De tal forma la propuesta presentada por Joel Ayala aumenta en términos generales los requisitos para la jubilación, como son la edad de retiro o los años de cotización, entre otros. En su caso, los ascendientes (padre o madre) tendrían derecho a los servicios de atención médica curativa, siempre que vivan en el mismo domicilio del trabajador y dependan económicamente de él. En el caso de los hijos se reduciría la edad para recibir los servicios de salud porque en el actual régimen la ley determina que sea hasta los 18 años, o los 24 en caso de que el joven estudie. En la iniciativa de referencia se propone reducir a 16 años la edad límite, se estudie o no.
En la vía de los hechos, argumenta Alonso Raya, el trabajador deberá pagar dos seguros: el del propio derechohabiente y otro para sus beneficiarios en caso de fallecimiento; a éste se le llamaría seguro de sobrevivencia.
"En el caso de la pensión, ésta se transformaría al emitirse un bono de reconocimiento con el que el gobierno pretende deshacerse de toda su responsabilidad en la seguridad social", insistió Alonso Raya.
La iniciativa de modificación a la ley del ISSSTE también cambia el esquema de gestión institucional al separar el área administrativa y evaluadora de eficiencia institucional del ámbito específico de los servicios de salud, con objeto de que en este caso la atención se ofrezca por particulares.
Uno de los aspectos más controvertidos del esquema presentado por Joel Ayala se refiere a su propuesta para crear una dependencia que administre las pensiones, misma que se llamaría Pensionissste, que funcionaría como órgano público desconcentrado del instituto. La función de éste sería la administración de los derechos pensionarios de los trabajadores que opten por no recibir los bonos de pensión arriba señalados, así como las reservas que se constituyan para garantizar el pago de beneficios y la prestación de servicios relativos a las pensiones.
Con la reforma citada se verían inmiscuidos 2.5 millones de trabajadores activos, cerca de 300 mil en condiciones de jubilarse durante el presente año, 550 mil jubilados y pensionados y aproximadamente 11 millones de beneficiarios directos.
En el caso del bono de reconocimiento, éste incrementa los recursos que ya manejan las Afore en más del doble, garantizando la acumulación de ganancias en favor de los grupos financieros, en su mayoría trasnacionales. El costo al erario de tal modificación podría rebasar el billón 600 mil millones de pesos. En este contexto, también, las pensiones en curso de pago se calculan en un costo de 56 mil millones de pesos, sólo en el primer año y sin sumar el gasto que implicaría una corrida pensionaria.
La cuota social para el ISSSTE se calcula en 6 mil millones de pesos y las aportaciones pasarían de 17.75 por ciento del sueldo base de los trabajadores a 20.14 por ciento del salario de cotización.