La ausencia de Herrán Salvatti dio a la ceremonia un gris tono burocrático

En deslucido acto, el gobierno de Chiapas pide perdón a torturados y ejecutados

EMIR OLIVARES ALONSO, ANGELES MARISCAL REPORTERO, CORRESPONSAL

Lo que pudo ser un hecho histórico para el gobierno de Chiapas, al solicitar perdón a víctimas de actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales en 1995 -ante un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-, terminó en un acto protocolario en el que funcionarios de segundo nivel leyeron el documento oficial sin la presencia de los agraviados.

El fiscal general del gobierno de Chiapas, Mariano Herrán Salvatti, dejó plantadas a las víctimas y sus familiares, al no presentarse a la ceremonia con el argumento de que "tenía asuntos que atender", por lo que los afectados decidieron salir del lugar en el que se realizaba el acto, pues con su actitud el funcionario demostró que "no hay voluntad política para resolver violaciones a derechos humanos", pese a que existía el compromiso de que sería él mismo quien solicitaría el perdón en nombre del Estado mexicano.

La abogada Martha Figueroa y el presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Fabián Sánchez, -coadyuvantes del caso-, refirieron que la presencia del fiscal general era importante porque marcaría la pauta para el reconocimiento de la vulneración de garantías fundamentales en el país.

El 16 de diciembre de 1995, habitantes del ejido Nueva Palestina efectuaron el bloqueo de un camino como parte de las manifestaciones sociales que se vivían antes del proceso electoral local que estaba en puerta. Semanas antes ocurrieron varios asesinatos, entre ellos los de los candidatos del PRD, Antelmo Roblero, y del PRI, Ausol Sánchez, a la presidencia del municipio de Angel Albino Corzo, hechos que propiciaron la creación de una fiscalía para investigar los crímenes, en lo que se denomino "el caso Jaltenango".

Durante el desalojo del bloqueo, elementos de la Policía Judicial del estado detuvieron de manera arbitraria a 17 personas, entre ellas a Julieta Flores Castillo, quien denunció haber sido torturada y agredida sexualmente; su padre, Enrique Flores González, y Reyes Penagos Martínez, quien fue ejecutado sumariamente.

Estos hechos provocaron que en julio del siguiente año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera su recomendación 61/96 al entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro, en la que señaló que Penagos Martínez "fue ejecutado sumariamente por los agentes de la Policía Judicial del estado que estuvieron encargados de su custodia", además de que el agraviado "fue ilegalmente detenido y sometido a actos de tortura física".

En su exhorto, la CNDH solicitó al mandatario estatal destituir del cargo al entonces fiscal del caso Jaltenango, José Uriel Estrada Martínez -quien actualmente es secretario particular de la Subsecretaría de Gobierno estatal-; iniciar una averiguación previa contra Francisco Hernández Chacón, Bulmaro Trejo López, Martín Hernández Ocaña, Genaro I. Zenteno Orarte, Jaime Arturo Cabrera Ferro, Ronay Luna Pérez, Salomón Núñez Díaz y César Montes Alegría, elementos judiciales que participaron en la ejecución de Reyes Penagos, para que "en su oportunidad se consigne la indagatoria de referencia y se ejecuten las órdenes de aprehensión que se llegaren a obsequiar".

Asimismo, recomendó al entonces gobernador formular "un severo extrañamiento" a Jorge Enrique Hernández Aguilar, quien fungía como procurador de Justicia, "por haber incurrido en conducta negligente e irresponsable".

La CNDH también acusó a la entonces directora de Protección a los Derechos Humanos de la entidad, Claudia Trujillo -quien actualmente se desempeña como secretaria general del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez-, de no proporcionar la información solicitada por el organismo, con lo cual incurrió en conducta "negligente, dilatoria y tendiente a impedir el esclarecimiento de los hechos".

Aunque el gobierno estatal aceptó la recomendación, no cumplió con lo marcado por la CNDH, por lo que los agraviados y diferentes organizaciones civiles solicitaron al ombudsman, en octubre de 1997, que conociera el caso debido a que se vulneraron los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personales, a las garantías judiciales y a la protección judicial, todos avalados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En diciembre de 1998, el organismo internacional citó a ambas partes para exhortarlas a una "solución amistosa", en la que el estado se comprometió a investigar los hechos de que fue víctima Penagos Martínez y someter a juicio a los responsables; continuar con las investigaciones y ejercitar las acciones penales que correspondan, de acuerdo con las acusaciones de Enrique y Julieta Flores; determinar y entregar una indemnización económica a las víctimas y familiares para reparar el daño, así como a informar a la CIDH del avance de los compromisos, además de que la cancillería coadyuvaría a dar seguimiento periódico a las investigaciones.

En octubre de 2005, en el marco del 123 periodo de sesiones de la CIDH, se acordó que el Estado mexicano, por conducto del gobierno de Chiapas, pediría perdón por los delitos en los que incurrió en un pronunciamiento público, mismo en el que reconocería su responsabilidad por la muerte de Penagos y la detención de los Flores, con el propósito de "dignificar a las víctimas de los hechos y, al mismo tiempo, garantizar que las violaciones de derechos humanos no se repitan en el futuro".

La CNDH informó en un comunicado que el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, dijo que es la primera vez que sabe de una petición de perdón público en México. Agregó que esta decisión la emite la CIDH cuando considera que un caso requiere justicia y por tratarse de violaciones a los derechos humanos fundamentales.

Ante la ausencia del fiscal general del gobierno de Chiapas los representantes de las víctimas solicitaron que se pospusiera el acto, lo que fue negado por los funcionarios estatales, con el argumento de que sería la CIDH la que determinaría si cumplieron o no, a pesar de la ausencia de Herrán Salvatti.

"Fue un procurador el que me torturó y como tal era digno de que quien ahora funge en ese cargo se presentará a pedirme perdón", manifestó Enrique Flores, una de las víctimas de tortura.

En tanto, Everilda Roblero Villatoro, viuda de Reyes Penagos, expresó: "Si ellos quieren pedir perdón, allá ellos; yo no los perdono. Mataron a mi esposo y llevo 12 años sufriendo para mantener a mis cinco hijos. Si algo debía mi marido, ahí estaba la cárcel. No tenían por qué torturarlo hasta matarlo. No creo que el gobierno quiera realmente hacer justicia, creo que está mintiendo".

Por la tarde, las víctimas y sus representantes se encontraron con el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, quien se comprometió a que el próximo 20 de febrero, en el salón Tuxtla del palacio de gobierno, él mismo pedirá perdón a las víctimas.