Las pesquisas, luego de que organismo de derechos denunció operativo del 9 de febrero
Fiscalía para la mujer indaga ataque a centroamericanas
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Mujer, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), empezó a investigar los agravios contra migrantes detenidos el pasado 9 de febrero, durante una redada efectuada en el ferrocarril de la línea Chiapas-Mayab, que salió de la ciudad de Arriaga.
Las pesquisas se iniciaron luego de que el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova presentó una denuncia formal contra efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP), la Agencia Federal de Investigación (AFI) y el Instituto Nacional de Migración (INM), por presuntos abusos de agentes federales.
El centro humanitario, dependiente de la diócesis de Tapachula, interpuso la querella ante el agente del Ministerio Público Federal (MPF) en la ciudad de Arriaga, donde unos 700 centroamericanos subieron al tren el 9 de febrero.
Según la denuncia, los efectivos federales que participaron en el operativo realizado por las fuerzas del Grupo Relámpago actuaron con exceso de fuerza.
"En el operativo fueron detenidos 116 indocumentados, en el tramo de El Paraíso, cuando viajaban en el ferrocarril, a unos 10 kilómetros de la estación de Arriaga, y se realizó con excesivo uso de la fuerza y violentando de manera grave los derechos humanos de los migrantes", explicó el abogado del Centro Fray Matías, Ricardo Arturo Lagunas Gasca, ante el agente del MPF Carlos Enrique Argüello Ramos.
En la demanda se asienta que derivado de este operativo, la guatemalteca Teresa García Piú, de 25 años, fue severamente golpeada; se encuentra alojada en el Albergue para el Migrante, en Arriaga, cuyo encargado es el sacerdote católico Heyman.
"Asimismo, la señora Yolanda Anita de León Méndez, quien se encuentra en el Hospital Regional de Arriaga, cayó a las vías del tren durante el operativo y sufrió la mutilación de un miembro" -acotó el organismo humanitario-, por lo que pide que se investiguen los hechos y se finque responsabilidad contra las autoridades que participaron en dicha acción.