La Opddic se deslinda de agresiones
Ocosingo, Chis., 15 de febrero. En un comunicado dirigido a los gobiernos estatal y federal, y a "la Comisión Nacional Interamericana de los Derechos Humanos" (sic), la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) desmintió las imputaciones que le han hecho el EZLN y las juntas de buen gobierno (JBG) sobre acciones hostiles contra las comunidades en resistencia.
La Opddic argumenta que "desde su nacimiento declaró que el objetivo fundamental de su lucha es contribuir por la paz social en el país, en lo particular en Chiapas. Por ello declaramos nuevamente ante todos los hermanos mexicanos que seguiremos firmes en nuestra lucha, con el único propósito de buscar la estabilidad social y el desarrollo de los pueblos. Nunca caeremos en provocación contra otros hermanos indígenas".
En relación con un reciente comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del EZLN (La Jornada, 9 de febrero), la organización perteneciente al PRI alega que el subcomandante Marcos la "difama" al decir que es un grupo paramilitar, y se pronuncia en favor del actual gobierno perredista de Chiapas, el cual "ha iniciado un proyecto de trabajo para el bienestar de los chiapanecos, mas no para formar o crear grupos armados". Opddic "apoya totalmente el proyecto sabinista y también el proyecto del gobierno federal calderonista".
Respecto a los "hechos lamentables" en Viejo Velasco, la organización se deslinda "totalmente", ya que en esta zona "no cuenta con presencia ni militancia". Además, el lugar donde se encuentra el poblado "es tierra de la comunidad lacandona, y no tenemos que ver nada en este asunto".
Respecto a los señalamientos sobre su líder como presunto mando paramilitar, la Opddic expresa: "Pedro Chulín Jiménez jamás se ha dedicado a organizar gente para violentar el estado de derecho".
Asimismo, niega fomentar la tala de árboles, como denuncia la JBG de La Garrucha, y culpa de ello a "bases de apoyo del EZLN de Altamirano, Ocosingo, Chilón y Tumbalá, con la autorización de las llamadas JBG, y son los propios zapatistas quienes se han dedicado a la venta de madera ilegal para obtener recursos económicos para la compra de armas de fuego y el financiamiento de los movimientos que realiza el subcomandante Marcos".