Conflicto de intereses, daño patrimonial y traición
Denuncia contra Gil Díaz por su participación en el Fobaproa
El ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, sumó ayer una denuncia más en su contra por el presunto involucramiento en conflicto de intereses, uso de información privilegiada, daño patrimonial y traición a los intereses nacionales.
La acusación fue presentada por organizaciones ciudadanas encabezadas por Mario Di Costanzo, titular de la Secretaría de Hacienda del llamado ''gobierno legítimo'', ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados.
Recibido por el presidente de dicha comisión, el diputado Antonio Ortega Martínez, el documento expone una serie de irregularidades y violaciones a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos en las que incurrió el Comité Técnico del Fobaproa, del cual fue integrante el ex funcionario del gabinete foxista.
Entre los incumplimientos a dicha ley, Di Costanzo expuso que el Comité Técnico del Fobaproa ''procedió con discrecionalidad y en exceso de sus atribuciones, al haber actuado sin reglas y políticas de operación que le permitieran dar transparencia e imparcialidad'' en el otorgamiento de apoyos económicos a instituciones financieras durante el rescate bancario.
El Fobaproa, refiere el documento, realizó operaciones de compra de cartera por 73 mil 775.4 millones de pesos a instituciones que no cumplieron con los requisitos originalmente establecidos por el mismo fondo, así como a instituciones que otorgaron créditos a ''partes relacionadas'', es decir, a accionistas de bancos, y cuyas operaciones ascienden a 42 mil millones de pesos.
Asimismo, la información revela que se identificaron ''64 operaciones potencialmente ilegales por 6 mil millones de pesos, y se relacionan con actividades de empleados, funcionarios y deudores''. Inclusive, expresa, estas operaciones pertenecen al renglón de transacciones reportables, por lo que no se puede asegurar que los procedimientos de investigación hayan identificado el total de esas operaciones.
La base de la denuncia es el reporte de Michael W. Mackey, contratado por las Subcomisiones para el Estudio del Fobaproa, que tuvo como objeto ''examinar el desempeño en la rehabilitación de las instituciones financieras de México, así como evaluar el de las entidades encargadas de las actividades de dicho fondo, incluyendo a su comité técnico -del cual formó parte Francisco Gil Díaz-, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para el periodo del primero de enero de 1995 al 30 de junio de 1998''.
El presidente de la Comisión de Vigilancia anunció que se promoverán las auditorías e investigaciones solicitadas por el ''gobierno legítimo'' a la gestión de Gil Díaz.