Dio un plazo de 12 meses para gestionar el diferendo, antes de recurrir al BM
Suiza buscará negociar con Bolivia la nacionalización de la fundidora Vinto
El régimen de La Paz anunció que no cambiará su decisión de administrarla
La Paz, 15 de febrero. El gobierno de Suiza negociará con Bolivia sobre la nacionalización de una planta fundidora de minerales administrada por su connacional Glencore, mientras el gobierno del socialista Evo Morales anunció que no cambiará su decisión.
El gobierno helvético se dio un plazo de 12 meses para gestionar el diferendo por la confiscación de la planta Vinto, en la provincia andina de Oruro, antes de recurrir al arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (BM).
''(Una) condición para introducir un arbitraje tipo inversionista-Estado es que entre el Estado receptor y la empresa involucrada no se haya podido encontrar una solución aceptable por ambas partes dentro de 12 meses'', precisó en un comunicado la legación diplomática.
Mientras el gobierno suizo abrió una fase de gestión por la decisión del presidente Morales de nacionalizar la fundidora Vinto, el vicepresidente Alvaro García mostró una posición dura, al afirmar que los ''pataleos (reclamos) de la empresa Glencore le tienen sin cuidado'' al gobierno de La Paz.
Morales, con decreto en mano y participación de efectivos militares, intervino la semana pasada la empresa Vinto, administrada por la firma Sinchi Wayra (viento fuerte, en aymara), filial de Glencore, que en 2005 adquirió la empresa al potentado minero y ex presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada, autoexiliado en Estados Unidos.
La Paz incluso ratificó este jueves, por medio del ministro de Minería, Guillermo Dalence, que ''hay fundamentadas dudas de que Glencore haya comprado la empresa minera a Sánchez de Lozada'', derrocado en octubre de 2003 por un levantamiento popular en la ciudad de El Alto, que se opuso a la exportación de gas a Estados Unidos por puertos chilenos. Dalence afirmó, consultado por la eventual demanda del consorcio suizo, que se ''demostrará en cualquier escenario'' la validez de los argumentos jurídicos y técnicos de la nacionalización decretada por Morales.
El cónsul de Suiza en La Paz, Eros Robbiani, afirmó que entre su país y Bolivia está vigente un Tratado de Protección de Inversiones, firmado en 1991, que ''prohíbe la expropiación de inversiones hechas por corporaciones suizas en Bolivia, salvo que fuera en interés público, y acompañadas por el pago de una compensación efectiva y adecuada''.
El diplomático afirmó a la agencia privada de noticias Fides que si tras la fase de negociaciones no existe un acuerdo, Glencore podrá recurrir al arbitraje del CIADI, creado en 1966, con sede en Washington, al que Bolivia se adhirió en julio de 1995.
El CIADI es una institución que, en el marco del Banco Mundial, facilita a los inversionistas extranjeros medios internacionales de conciliación y arbitraje para resolver sus diferencias con los Estados receptores de la inversión.
El gobierno argumenta que la fundidora, construida en la década del 60, fue tasada en 1999 en 140 millones de dólares, pero para su privatización su valor fue estimado en 14.7 millones de dólares por la francesa BNB Paribas.
El consorcio indio Allied Deals pagó a Bolivia ese monto, pero no se tomaron en cuenta bienes y minerales almacenados por 15.5 millones de dólares. El consorcio, tras quebrar, vendió sus acciones en 2003 a la empresa Comsur, de Sánchez de Lozada, en 6 millones de dólares.
En 2005, dos años después de que Sánchez de Lozada fuera derrocado, Comsur vendió todo su patrimonio minero en Bolivia por unos 200 millones de dólares, incluida Vinto, según distintas fuentes.