Su eje debe ser el combate a la pobreza, consideran
Es momento de replantear la política agropecuaria: expertos
Investigadores y estudiosos del sector agropecuario coincidieron en que la pobreza en el campo se ha profundizado por el incumplimiento del gobierno de invertir en infraestructura de alta calidad en regiones pobres, la reproducción sistemática durante al menos tres décadas de los mismos programas pese a sus resultados contradictorios, y por continuar actuando con una visión parcial.
En el taller La cuestión social en el campo, que organizó el Seminario Universitario de la Cuestión Social de la Facultad de Economía de la UNAM, los participantes concluyeron que es el momento de replantear la política agropecuaria, e insistieron en que el paso inicial para lograr un agro productivo, es erradicar la pobreza de una generación.
Héctor Robles Berlanga, del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, asentó que el combate a la pobreza tendría que ser el eje de esa novedosa política para el sector rural, el cual requiere de partidas presupuestales para cubrir necesidades básicas en servicios, infraestructura y educación; un programa de relevo generacional; estimular la organización, y evitar la concentración de los apoyos en un número reducido de pequeños productores.
Similar sugerencia expusieron John Scott, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y Luis de la Calle, ex negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Scott habló de las diferencias del campo en el sur, en donde se localiza 50 por ciento de la pobreza extrema, y del norte, en donde está sólo 12 por ciento de los pobres; y de las diferencias en la distribución del gasto social y del productivo, lo que se ha convertido en un factor determinante para la desigualdad.
A manera de ejemplo, apuntó que en el caso del Procampo, 50 por ciento de los 2.8 millones de beneficiarios tienen un máximo de dos hectáreas y sólo reciben 13 por ciento de los recursos del programa, mientras que 35 por ciento de ellos obtienen el mayor volumen de los apoyos; en el caso de Alianza para el Campo, únicamente 32 por ciento del total de la población objetivo tiene acceso a los recursos.
Así, la mitad de la población más pobre del país está excluida de los programas por no poseer tierra o bien porque sus parcelas son muy pequeñas.
De la Calle agregó que centrar la discusión de la situación del campo en la aplicación y demanda de revisión del capítulo agropecuario del TLCAN es un "error estratégico y un diagnóstico equivocado", ya que los problemas de este sector no son de la agricultura, pues sólo 17 por ciento de los ingresos provienen de esas actividades.
Incluso consideró que quienes se pronuncian por el control de precios de la tortilla y de otros productos de la canasta básica y la creación de reservas estratégicas de granos a cargo del gobierno pretenden retornar al pasado. El alza de los precios internacionales del maíz es una oportunidad que debe aprovecharse, pero también implica que deberán repensarse los programas de subsidios como el de Alianza para el Campo, Oportunidades y el de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria.
El rezago creciente del campo se refleja en que desde hace 20 años su crecimiento ha sido de 1.6 por ciento anual y sólo en los últimos cinco años pasó a 2 por ciento, lo que refleja la falta de metas de desarrollo claras y específicas; las contradicciones en los programas de apoyo -en la década de los 60 el programa de vivienda rural era de "techo y piso", el actual es de sólo "piso"-, y además, al hablar del campo se piensa únicamente en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y forestales, no se considera otro tipo de actividades, acotó.
El cambio que necesita el sector rural no debe limitarse a tratar sólo a la producción y a la productividad, sino enfocarse a las condiciones de existencia de la población.