Hablando de la Suprema Corte
Aunque ustedes no lo crean, me tenía preocupado la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno, acerca de la interpretación que debe darse al artículo 133 constitucional. En lo esencial determina que la propia Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella (expresión no del todo feliz ya que, por referirse al Congreso de la Unión debía decir "de él") y los tratados que estén de acuerdo con la propia Constitución, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado "serán la Ley Suprema de toda la Unión".
Tradicionalmente se había considerado que existía un empate entre las leyes y los tratados, dependiendo la preferencia exclusivamente de la fecha de su promulgación, de acuerdo a un principio constitucional fundamental: la ley posterior que exprese un concepto contrario, deroga a la ley anterior. Sin embargo, hace tres o cuatro años la Corte fijó un criterio de preferencia a favor de los tratados independientemente de la fecha de su entrada en vigor, particularmente por el nivel internacional en que se celebran de tal manera que dejarlos sin efecto por un acto del Congreso de la Unión, parecería colocar a nuestro país en una situación de desprecio hacia el país o los países con los que se hubiera celebrado el tratado.
¿Cuál es, en realidad la razón de la preferencia por los tratados que en la Suprema Corte provocó una fuerte discusión que concluyó, de acuerdo a los criterios precedentes, con la reafirmación del mayor valor de los tratados internacionales?
En la confección de las leyes participa, ciertamente, el Congreso de la Unión, esto es, el organismo político más importante del país. El Presidente de la República tiene una participación relativa por medio del veto, que puede ejercer una vez devolviendo el proyecto de ley al Congreso, pero si éste insiste, no le queda más remedio que promulgar la ley. No ha sido un hecho frecuente, entre nosotros, por el respeto más que institucional hacia el Presidente de la República de quien han partido, históricamente, los más importantes proyectos de ley.
En la formación del tratado internacional se pueden dar situaciones diversas. La primera deriva del acuerdo celebrado por el Presidente de la República con una nación extranjera, ratificado por el Senado y debidamente promulgado. La segunda situación, por regla general la más importante, deriva de que el acuerdo haya sido celebrado en el ámbito de un conjunto de naciones, bien para una situación aislada, bien en el marco de una institución plural. Es el caso, precisamente, de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de los que México tiene suscritos hasta la fecha 70, sobre poco más de 182 que han sido aprobados por la OIT.
El tratado exige la aprobación del Presidente de la República y del Senado. La ley requiere la aprobación mayoritaria de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión: diputados y senadores y que el Ejecutivo se abstenga de vetarla o, en su caso, que habiéndola vetado, el Congreso la ratifique.
El tratado exige, a su vez, la conformidad de otra o muchas naciones y nadie puede dudar de que en los tiempos actuales las relaciones internacionales pueden ser y generalmente son, de mayor rango que los problemas internos de cada país.
Simplemente el hecho de que el gobierno de Estados Unidos no haya aprobado el Protocolo de Kyoto por una decisión unilateral está poniendo al mundo de cabeza. Si el calentamiento afectara solamente a los gringos, pues ¡allá ellos! con sus problemas ecológicos.
La existencia, como lo hubo en su tiempo, de acuerdos entre México y Estados Unidos para regular la situación de los migrantes, generó una tranquilidad mutua importante. La supuesta solución del problema por la vía unilateral ha demostrado ser notablemente perniciosa.
La Corte, finalmente, ratificó el criterio vigente. Por mayoría declaró que los tratados están por encima de las leyes. Hizo bien