En la mira, Francisco Javier Salazar Sáenz, secretario del Trabajo del gobierno foxista

Indaga PGR a ex mandos federales implicados en Pasta de Conchos

Abogado de los deudos de los mineros sostiene que existe "responsabilidad general de la STPS"

GABRIEL LEON ZARAGOZA

Bajo los cargos de omisión en el cumplimiento de su deber por parte de funcionarios del gobierno federal, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación en torno al deceso hace un año de 65 obreros de la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila. "El tema es más complejo porque vincula al propio secretario del Trabajo (Francisco Javier Salazar Sáenz) en ese momento, cuando ocurrió la explosión", informó en entrevista el asesor legal de los deudos, Manuel Fuentes, quien precisó que el jueves pasado fue notificado por autoridades estatales del reinicio de la investigación.

Fuentes judiciales federales precisaron que durante la semana próxima el Ministerio Público Federal podría definir el proceso a seguir del acta circunstanciada que abrió sobre los hechos del yacimiento carbonífero.

El mes pasado, el procurador general de Justicia de Coahuila, Jesús Torres Charles, adelantó que se girarán órdenes de aprehensión contra 10 altos directivos de Industrial Minera México y funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por homicidio culposo, omisiones y negligencia en el ejercicio de sus funciones.

Destacó que en febrero se daría vista a la PGR para que se finquen las responsabilidades correspondientes, ya que "están firmes" los resultados de las investigaciones sobre las causas de la tragedia. Refirió que éstas también se entregarían a las secretarías de Energía y del Trabajo, y el Instituto Mexicano del Seguro Social porque "otras situaciones podrían ser indagadas".

A un año de la tragedia, el representante jurídico de familiares de los mineros muertos señaló que en las indagatorias levantas ante la contraloría interna de la STPS, Francisco Salazar no ha sido citado para deslindar responsabilidades y a los interesados jurídicos se les ha negado el acceso al expediente porque es un documento "confidencial".

Sin embargo, en diciembre pasado los interesados jurídicos interpusieron un amparo y en enero un juez en materia administrativa los favoreció con este recurso, por lo que obran en poder del defensor los dos tomos del expediente de investigación, del que este jueves entregaron una copia a la comisión especial de diputados que investiga los hechos.

En el expediente -a decir del litigante- "se puede dilucidar una responsabilidad general de la STPS y el gobierno federal". Esquematizó que en el informe aparece que "sólo había un abogado asignado para el dictamen de los expedientes"; para el momento de la inspección (junio de 2004), "había un rezago" de más de 700 expedientes.

Mandos superiores y el mismo órgano interno de control de la secretaría, agregó, "estaban informados de que se carecía de personal" y, pese a la situación, "nunca cubrieron las plazas correspondientes".

En noviembre pasado, continuó, cuatro sectores laborales adscritos a San Juan de Sabinas, Coahuila, dirigieron un escrito al director general de inspección de trabajo, en el que le solicitaron les asignara una ocupación.

De esta falta de vigilancia de la STPS en riesgos laborales, comentó, se desprende que "el problema es complejo", porque no es solamente un tema de omisión de los correspondientes servidores públicos, sino que la responsabilidad tiene que ver con quien tenía la responsabilidad de tomar decisiones en cuanto al seguimiento de la previsión de riesgos".

"El problema es mucho más grave", porque hay disposiciones jurídicas del IMSS que obligan a sus funcionarios a tomar medidas preventivas ante riesgos de trabajo en las empresas, lo cual nunca sucedió "a pesar de que los 65 mineros sepultados, todos, en su último año de labores habían sufrido un accidente de trabajo"; la Secretaría de Energía, de acuerdo con la Ley de Minas, debe vigilar que no haya peligro para los empleados en materia de seguridad e higiene; "esto es motivo de cancelación y suspensión del título de concesión para la empresa", destacó.

Además de que no existe constancia, "al menos para los trabajadores", de que personal de la SE haya acudido a vigilar, "parece que todo estuviera claro de que empleados menores de la STPS pudieran ser los responsables de algo", donde habría que ver qué medidas llevaban a cabo el titular, Francisco Salazar, y en su momento Carlos Abascal, destacó.

Acuerdo con Abascal

Fuentes Muñoz informó que en 2003 Abascal acordó con las empresas la autoinspección de los centros laborales; un mes antes de la explosión, el sindicato minero, "que se supone debe estar representando los intereses de los trabajadores", firmó un convenio con IMM para que se le pagara 4 por ciento de los 300 pesos base que deberían ganar trabajadores de General de Huya (GH) por concepto de prestaciones, ya que 36 de los 65 mineros muertos laboraban para la empresa contratista. Sin embargo, GH sólo pagaba de 150 a 200 y ante el Seguro Social los registraba con 80 pesos de salario.

"¿Quién es el responsable de esto?: las instituciones, que deberían estar vigilando el cumplimiento de sus obligaciones. Si no, ¿para qué les pagamos a los funcionarios de alto nivel?, ¿para que salgan en fotografías?", concluyó.