Modifica y vuelve rígidos servicios de los trabajadores, subraya documento legislativo

Iniciativa de ley del ISSSTE, golpe a derechohabientes, señala estudio

Envía ahorros a las Afore y suspende seguros si las dependencias no cubren las cuotas

ROBERTO GARDUÑO

La iniciativa de ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) promovida por el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, y respaldada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, "debilita la seguridad social" porque propone modificar por completo el sistema que protege a los trabajadores del sector público al estructurar los seguros, esquemas de financiamiento, derechos, prestaciones y requisitos, manifiesta un amplio estudio elaborado por especialistas de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la pasada legislatura.

Dicha propuesta, que ya recibió el beneplácito del gobierno federal, tiene como criterios rectores el equilibrio financiero, la apertura al mercado y la portabilidad de servicios en pensiones y salud. Se pretende reducir los 21 seguros actuales a cuatro, y se cambiaría el sueldo base por el salario de cotización.

El análisis titulado Elementos para discutir la iniciativa de ley del ISSSTE, elaborado por la actuaria Odilia Ulloa y el ex presidente de la comisión legislativa Miguel Alonso Raya, advierte que la reforma presentada por Ayala significa un duro golpe a los derechohabientes, porque se aplicarían pensiones de 35 por ciento del último salario de los empleados, y se trasladaría la administración de los ahorros de los trabajadores a las Afore que, de 1997 a la fecha, ha tenido utilidades por más de 94 mil millones de pesos, frente a los bajos rendimientos reales anuales otorgados.

Para los servicios médicos no se considera ningún esfuerzo adicional en inversión y contratación de nuevo personal; en cambio, la reforma propone convenios con proveedores privados y la oferta de la capacidad de excedente.

"Es una reforma que debilita al ISSSTE. Busca el equilibrio financiero y la solvencia del instituto, a costa de los servicios que brinda. Se inscribe en la lógica de las reformas para adelgazar al Estado y trasladar áreas y funciones públicas al mercado, dejando a los agentes privados las áreas rentables, sin que esto se traduzca en beneficios para los trabajadores y sus familiares derechohabientes. El adelgazamiento del Estado ha significado su debilitamiento y ha tenido efectos contrarios en áreas como seguridad pública, la defensa de la soberanía y seguridad social, dada la reducción de recursos que lleva implícita".

Cambios en los servicios de salud

Se plantea unificar los tres seguros actuales en uno solo; se separa la prestación de servicios médicos del financiamiento; se separa el financiamiento de la salud de los pensionados y los jubilados, así como de trabajadores activos; se modifican los criterios operativos y presupuestarios de las unidades en función de resultados; se establecen convenios con prestadores externos para la competencia y el equilibrio financiero, sin que se incluyan medidas especiales para la inversión y el rescate de la infraestructura médica y hospitalaria del propio instituto.

Al limitarse algunos beneficios, la reforma propuesta hace más rígidos los requisitos para el disfrute de los mismos. Por ejemplo, los ascendientes tendrán derecho a atención médica-curativa, sólo si viven en el domicilio del trabajador o pensionado y depende económicamente de él. En la ley vigente el único requisito para que los ascendientes reciban los servicios es la dependencia económica. Por otra parte se excluye la atención farmacéutica dentro del cuadro de servicios considerados en la atención médica-curativa.

Sobre las nuevas condiciones ante el incumplimiento de pago de cuotas y aportaciones por parte de las dependencias y entidades, se prevé la suspensión de los beneficios previstos en la nueva ley, en detrimento de los derechohabientes:

"El instituto podrá suspender parcialmente los seguros, prestaciones y servicios que correspondan al adeudo de la entidad o dependencia, en el supuesto de incumplimiento parcial o total del entero de las cuotas, aportaciones y descuentos por 12 meses consecutivos o dentro de un periodo de 18 meses. La ley en vigor no dispone ninguna suspensión de los beneficios previstos en el supuesto de que las dependencias o entidades no cubran las cuotas".

Además se establece un nuevo modelo de gestión para la prestación de los servicios médicos, que separa esa función financiera de servicios de salud del instituto. Quizá uno de los temas más delicados de la iniciativa es el de la introducción de un nuevo modelo de gestión para el llamado seguro de salud, que sustituiría al Seguro de Enfermedades y Maternidad, previsto por la ley vigente.

Dicho modelo, recomendado desde 1993 al gobierno mexicano por el Banco Mundial y la Fundación Mexicana para la Salud, establece en el artículo 30 de la propuesta la separación clara de dos funciones del ISSSTE: la que corresponde a la prestación de los servicios de salud a través de las llamadas unidades prestadores de servicios de salud, y una función financiera de los mismos, a través de la cual se administrará el nuevo Seguro de Salud.

"Las disposiciones contenidas en los artículos 29, 30 y 31 de la iniciativa parecen entrar en una franca contradicción con el artículo 28, que señala como principios que los servicios de salud se otorgarán con calidad, oportunidad y equidad. Por ejemplo, el artículo 29 señala que el instituto diseñará, implantará y desarrollará su modelo y programas de salud en atención a las características demográficas, socioeconómicas y epidemiológicas".

Pensiones

En materia de pensiones, refiere el estudio, el proyecto de Joel Ayala plantea una reforma sustitutiva, es decir, remplaza el sistema de reparto por otro de aportaciones definidas basado en la capitalización individual. "Por lo cual en la iniciativa de nueva ley desaparecen los seguros de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios y la indemnización global, para dar lugar a un sistema de aportaciones definidas, que será obligatorio para los nuevos trabajadores y opcional los que estén en activo al momento de la reforma.

El nuevo sistema de capitalización individual será la base de todas las pensiones: seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; seguro de riesgos de trabajo y el seguro de invalidez y vida.