La STPS no va a solapar a ningún funcionario que pudiera estar involucrado, dice

IMMSA es el principal responsable del accidente de Pasta de Conchos: Lozano

Llama a determinar las causas del siniestro, lograr el rescate de cuerpos y atender a los deudos

PATRICIA MUÑOZ RIOS

La empresa Industrial Minera México (IMMSA) tuvo la mayor parte de la responsabilidad en el accidente de Pasta de Conchos, porque estaba obligada por ley a cumplir con condiciones de seguridad, sostuvo el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, y aseguró que él ''no va a solapar'' a ningún servidor público que pudiera estar involucrado, ni ''tapará a ningún personaje, por más importante que sea''.

En entrevista con La Jornada, Lozano reconoció que Pasta de Conchos seguirá siendo ''asignatura pendiente para el gobierno'', y sostuvo que no se cerrará este expediente hasta que se cumplan cuatro condiciones: se concluya el deslinde de responsabilidades de la empresa, funcionarios de la dependencia y otros; se determine oficialmente las causas que provocaron el accidente; se logre el rescate de los cuerpos, el cual ''no se va a detener'', y se atienda a los deudos.

No habrá carpetazo

''Si llegué con el ánimo de revivir el caso, no tengo la menor intención de cerrarlo'', dijo Lozano Alarcón, quien aclaró que no está dispuesto a permitir que se ''fabriquen culpables'' para dar golpes mediáticos, y dijo que habrá de esperar a que las investigaciones de las procuradurías General de la República (PGR) y de Coahuila, así como de la Secretaría de la Función Pública (SFP), hablen por sí mismas. Añadió que no pasará mucho tiempo para que se llegue a toda la verdad, porque a partir de las próximas semanas se acelerarán varios procesos.

La investigación no va para largo, porque esta misma semana, una vez que pase el primer aniversario luctuoso, se iniciará la desgasificación de la mina, y luego de ello los expertos entrarán a la parte donde se podría encontrar el mayor número de cuerpos. Se espera así que en cuestión de semanas se da-rían las recuperaciones de cadáveres, adelantó Lozano.

Al desgasificarse el socavón, también entrarán los expertos del Servicio Geológico Mexicano, los cuales tendrán un plazo de ocho semanas para realizar una investigación in situ y determinar las causas que provocaron el accidente. ''Entonces podremos hablar de responsables. En este momento yo no puedo acusar a nadie ni conozco las causas del siniestro; puedo decir que si hubo una actitud negligente pediría no sólo la remoción sino inclusive sanciones'' a los funcionarios públicos involucrados, aseguró el secretario.

Hizo ver sin embargo que a la Secretaría del Trabajo no le corresponde señalar culpables, sino será la SFP la que determine si hubo o no responsabilidad de servidores públicos, así como las procuradurías General de la República y estatal, las que verán la situación tanto de la empresa como de los funcionarios; mientras, la Secretaría de Economía tiene que ver el dictamen que emita el Sistema Geológico Mexicano y lo referente a la concesión del yacimiento.

En este punto de la entrevista, Lozano planteó que ''sin duda la principal responsabilidad del accidente la tiene la empresa. Lo señala el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que todo patrón es el responsable obligado de que existan las condiciones de seguridad e higiene'' en los centros de trabajo. Un inspector de la dependencia puede llegar a un restaurante y observar que no hay extintor; puede haber hecho tardíamente la verificación y luego comprobar que nunca se cumplió esta recomendación, pero si al día siguiente de emplazar al negocio a que atienda las observaciones ocurre una tragedia en el sitio y por ella mueren algunas personas, la verdad es que la culpa mayor la tiene la empresa, ejemplificó el funcionario federal.

Al respecto, comentó que no hay en el país una normatividad para las minas de carbón, por lo que ya se empezó a elaborar un proyecto en esta materia. Reconoció que se tiene que mejorar la inspección y vigilancia del sector minero, y que son necesarios elementos regulatorios para poder exigir a los patrones que cumplan con condiciones de seguridad de higiene, salud y capacitación, y sobre todo de dignidad para los trabajadores.

En cuanto a las familias afectadas, Lozano Alarcón reveló que la dependencia tuvo que interponer una solicitud para reclamar todos los derechos monetarios y de seguridad social de las viudas, huérfanos y otros familiares afectados, ya que estuvieron a punto de perder definitivamente su pensión, indemnización y diversos pagos, porque las prestaciones prescribían en un año y los deudos no los habían demandado.

Ninguna familia ha cobrado su indemnización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque había el temor de que si exigían este derecho ya no iban a recuperar a sus muertos. Sin embargo, la instrucción es que ''definitivamente no se va a permitir que se pare el rescate de los cuerpos'' hasta que técnica y humanamente ya no sea posible.

Pero además, hay un oficio del Seguro Social desde marzo del año pasado, que establece un mecanismo administrativo para que en este caso, sin exhibir un acta de defunción y sin necesidad de ningún documento oficial, se pueda acreditar el hecho y el parentesco y así acceder al cobro de las prestaciones.

La procuradora de la Defensa del Trabajo, Carolina Ortiz Porras, visitó casa por casa a las familias afectadas para informarles que estaban ''a días'' de quedarse sin prestaciones, y se procedió a hacer un reclamo en nombre de todos para evitar otra injusticia, apuntó Lozano Alarcón.

Está complicado todavía el caso Pasta de Conchos, pero ''qué bueno que le dimos otra vez visibilidad al asunto'', y que la STPS restableció la coordinación con el gobierno de Coahuila e inició una línea de comunicación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar una solución integral a esta irregularidad multiplicada, concluyó el titular de la dependencia.