Inconformidad de jueces con parcialidad del CJF
Impartidores de justicia en materia penal de diversas entidades del país y del Distrito Federal están inconformes con el hecho de que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) haya invertido cerca de 30 millones de pesos en los últimos dos meses sólo para reforzar la seguridad de jueces y magistrados que laboran en órganos jurisdiccionales ubicados en Toluca, estado de México, y Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con versiones de funcionarios del Poder Judicial Federal consultados ayer, varios juzgadores que trabajan en estados como Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Guerrero, Sonora, Baja California, Quintana Roo y del Distrito Federal -donde hay una presencia constante de cárteles del narcotráfico- han pedido al CJF que se les asignen escoltas, autos blindados y que se extremen las medidas de seguridad en el interior de las instalaciones judiciales de todo el país, pero por el momento la respuesta ha sido negativa.