Nuevas reformas permitirán al Ministerio Público destituir a los curas pederastas

Endurecen medidas contra explotación sexual, pese a coacción de la Iglesia

ANDREA BECERRIL, VICTOR BALLINAS

A pesar de las presiones de obispos de todo el país y de la alta jerarquía religiosa, el Senado de la República aprobó ayer por unanimidad reformas legales contra la explotación sexual infantil, que entre otras cosas permiten al Ministerio Público Federal destituir e inhabilitar a sacerdotes y miembros de cualquier culto religioso que violen o abusen de menores.

La reforma pasó al Ejecutivo federal para su aprobación, luego de una fuerte batalla fuera de tribuna en torno de la inhabilitación de curas pederastas, toda vez que tanto obispos como la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) buscaron a los coordinadores parlamentarios y a senadores de varios estados para advertirles que estaban invadiendo el ámbito de competencia de la Iglesia y tratar de obligarlos a modificar la minuta.

Los argumentos de la jerarquía católica fueron retomados por el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Alejandro González Alcocer, quien antes de que se iniciara la sesión advirtió al presidente de la mesa directiva del Senado, Manlio Fabio Beltrones, que las modificaciones a los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales, así como a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en materia de explotación sexual infantil, no podían ser aprobadas como estaba el dictamen.

Argumentó que un agente del Ministerio Público o un juez no pueden inhabilitar a un sacerdote, ya que no se trata de un cargo público, sino de un nombramiento de la Iglesia. El perredista Pablo Gómez lo refutó y le mostró la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, según la cual, dijo, queda claro que el sacerdocio es una profesión.

Tanto el coordinador perredista Carlos Navarrete como el priísta Beltrones se mantuvieron firmes en que se aprobara la minuta, ya que cualquier cambio implicaría regresarla a la Cámara de Diputados y posponer su puesta en vigor varios meses o un año, dejando impunes las redes de traficantes de menores.

Por ello, a pesar de que un día antes recibieron infinidad de llamadas del alto clero y ayer por la mañana también, priístas y perredistas determinaron aprobar la minuta, que va más allá de la inhabilitación de curas pederastas, toda vez que modifica el marco jurídico penal para combatir la prostitución infantil, la pornografía, el turismo sexual y el tráfico de niños.

Ante ello, el PAN no se atrevió a llevar la discusión a la tribuna. Al presentar el dictamen, González Alcocer únicamente señaló que la minuta tiene inconsistencias importantes y errores jurídicos "que nos hubiera gustado resolver", pero ya no hubo tiempo.

Ante el pleno, el perredista Pablo Gómez advirtió que "las vergüenzas, sean del Estado, de los partidos o de las iglesias, es mejor que salgan", y recordó que el papa Juan Pablo II se confrontó con la Iglesia estadunidense precisamente por ocultar casos de pederastia.

En cuanto a la cuestionada inhabilitación de sacerdotes, dijo que en un Estado secular los curas son profesionistas y realizan una función. "No se habla aquí de libertad religiosa, sino de alguien condenado por corrupción de menores".

Es bueno, agregó, que la reforma incluya que un juez pueda inhabilitar a un sacerdote para ejercer el culto, sea católico, protestante o musulmán, cuando se compruebe que incurrió en actos de pederastia y utilizó su autoridad frente a los niños para cometer esa perversión.

El perredista destacó la urgencia de que se aprobara y enviara al Ejecutivo esa ley, ya que incluye la tipificación exacta del delito de turismo sexual infantil, con el propósito de perseguir no sólo a quienes llevan ese negocio de manera directa, sino también a los agentes que lo promueven.

Lo fundamental de la enmienda, insistió, es que abarca el conjunto de ilícitos que el Estado mexicano debe perseguir.

Igualmente, el senador Ricardo Monreal resaltó que es importante incluir en la Ley contra la Delincuencia Organizada la explotación sexual infantil, porque se trata de un delito cometido por mafias internacionales del crimen que casi siempre salen impunes.

La minuta se aprobó por 118 votos en favor y ninguno en contra.