Llamado del abogado de Gómez Urrutia a la PGR
Abascal y Salazar deben declarar sobre el caso Pasta de Conchos
En la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso Pasta de Conchos deben ser llamados a cuentas el ex secretario de Gobernación Carlos Abascal, quien firmó como testigo de la entrega del fideicomiso minero de 55 millones de dólares al sindicato, y el ex titular de la Secretaría del Trabajo Francisco Javier Salazar Sáenz, cuya actuación estuvo plagada de ilegalidad, corrupción, negligencia y ''favores'' oficiales al Grupo México, consideró Juan Rivero Legarreta, abogado del depuesto líder Napoleón Gómez Urrutia.
El litigante planteó lo anterior en una conferencia de prensa en la sede del sindicato minero, en la cual el secretario general de la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Minera (FITIM), Marcello Malentacchi, sostuvo que el gobierno tiene deudas importantes con los mineros y ''faltas graves'' que debe resarcir, como la recuperación de los cuerpos de los fallecidos en Pasta de Conchos y determinar pronto las causas de la explosión en ese yacimiento para fincar responsabilidades y sanciones a los culpables.
El abogado, por su parte, planteó que el mismo ex presidente Vicente Fox debería comparecer a declarar sobre las acusaciones que se le hacen en el caso de la carbonera. Fue el ex mandatario quien ordenó y acordó con los ex secretarios de Gobernación, del Trabajo y con el procurador general de la República la persecución de líderes mineros; la represión y asesinato de trabajadores en Sicartsa; la toma de nota a favor de Elías Morales; la violación del secreto bancario para que se difundiera información de Scotiabank-Inverlat que fue mal manejada a propósito, según sostuvo.
Hizo ver que Abascal firmó como testigo de la entrega de los 55 millones de dólares del fideicomiso minero al sindicato, y luego avaló la persecución a Gómez Urrutia, porque supuestamente esa organización no podía hacer uso de los recursos para entregarlos a los trabajadores. En su opinión, esta es una política hipócrita y al servicio de las empresas, ya que el ex funcionario sabía que al menos 50 por ciento del dinero ya había sido repartido entre los mineros que tenían derecho, y que había un proceso para finiquitar el total.
Pero sobre todo, señaló, es hipócrita porque se amañó todo: se permitió a Elías Morales el uso de documentación falsa; se tuvo arraigado por más de 80 días a un chofer del sindicato que nada tenía que ver con el fideicomiso y se le obligó a dar testimonio falso, amén de que se le impuso una fianza de millones de pesos, cuando ganaba menos de 2 mil al mes, como presión para que atestiguara en contra de Gómez Urrutia.
El documento, añade el litigante, se envió a los gobiernos y procuradurías de diversos estados para que se giraran órdenes de aprehensión contra el dirigente minero; además, se sustrajeron documentos bancarios para buscar sustentar las denuncias. El entonces presidente y los dos funcionarios supieron y permitieron todo ello y por eso tienen responsabilidad, aseguró Rivero.
A su vez el dirigente de la FITIM expuso que esta federación podría solicitar a la propia Organización Internacional del Trabajo la creación de un panel de expertos técnicos ''neutrales'', sin tendencia política alguna, que ayudarían a determinar las causas del accidente y acelerar de esta forma el proceso para fincar las responsabilidades que tuvieron la empresa Industrial Minera México y otros implicados. Ese, dijo, es el ''mínimo respeto'' que se debe a los fallecidos y sus familias, con las cuales el gobierno de México tiene una ''deuda grande''.
En cuanto al conflicto por la dirigencia del sindicato Minero, Malentacchi comentó que la ''autonomía sindical no se puede negociar''. O se respeta o se viola, pero no es moneda de cambio. Por ello, se pidió al nuevo secretario del Trabajo, Javier Lozano, que se respete la libertad sindical y se reconozca a Napoleón Gómez Urrutia como líder del sindicato, ya que no ha sido destituido por los trabajadores, sino por funcionarios de la dependencia, lo cual es inadmisible.
Por su parte, Jorge Campos, director regional de la FITIM, con asiento en Santiago de Chile, informó que desde hace un año, cuando ocurrió el accidente, esta organización propuso apoyar el rescate de cuerpos, lo cual no fue aceptado por el gobierno de México, y agregó que ha causado sorpresa e indignación la serie de acciones que se han llevado a cabo contra el sindicato minero de este país.