Exigen que el gobierno de Calderón emita protesta
Condenan diputados incursión ilegal de estadunidenses al país
La incursión ilegal de trabajadores estadunidenses en suelo nacional, avalada por altos funcionarios de la administración de Washington, provocó la condena unánime del pleno de la Cámara de Diputados por "la violación del territorio mexicano por parte del personal que está edificando la valla metálica entre las ciudades de Douglas, Arizona, y Agua Prieta, Sonora, los cuales estuvieron encabezados por el director del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, Michael Chertoff".
Los ocho coordinadores parlamentarios firmaron el documento que promovió el priísta Samuel Aguilar Solís, en el cual se expresa la necesidad de impulsar el cumplimiento del convenio suscrito en marzo de 2005 por los mandatarios de Canadá, México y Estados Unidos acerca del respeto a la soberanía territorial de los tres países.
El texto, leído por el presidente de la mesa directiva, Jorge Zermeño, señala que el Congreso de la Unión, a la par de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tiene la obligación de exigir a la administración encabezada por George W. Bush que no se viole la soberanía mexicana y, en ese contexto, el gobierno de Felipe Calderón se vería obligado a emitir una protesta y condena por la invasión de trabajadores estadunidenses a territorio nacional.
La propuesta original del punto de acuerdo planteaba, además de la condena a la violación del territorio mexicano, una solicitud -que debería ser sometida al pleno camaral- para citar a comparecer a los titulares de Gobernación, Economía y Relaciones Exteriores.
Hasta el mediodía de ayer los priístas habían conseguido el respaldo de los coordinadores de PRD, PT, Convergencia, Nueva Alianza y PVEM. El PAN se había rehusado a firmar el documento, pero después de una conversación entre Emilio Gamboa y Héctor Larios, los panistas accedieron a signar el texto, a condición de omitir la solicitud para la comparecencia de los secretarios de Estado.
Como las demás fuerzas políticas tenían urgencia para aprobar el documento por unanimidad, accedieron a la presión de Larios y en el texto sólo se incluyó la condena a la incursión.
Acción inmediata, exige el PRI
También la dirigencia nacional del PRI condenó la incursión de obreros estadunidenses en territorio nacional y exigió una acción inmediata del gobierno de Felipe Calderón para resolver esa intromisión, porque no sólo lastima a la nación que se levante un muro con el que se pretende resolver un fenómeno que demanda vías distintas para su arreglo, sino que ahora se construye dentro de territorio nacional sin que las autoridades federales reflejen el mínimo interés por resolverlo.
El PRI consideró que en el peor de los casos será necesario enviar una nota diplomática para que el gobierno de Estados Unidos aclare y resuelva esta intromisión.
Por otra parte, especialistas en derecho internacional señalaron que es "urgente" para el país recuperar el "terreno perdido en política exterior", en particular en la relación México-Estados Unidos, "no sólo por el tema migratorio, sino porque la violencia vinculada al narcotráfico y las excesivas medidas de control en la frontera están incrementando rápidamente los conflictos entre ambas naciones".
Pedro Labariega, catedrático del departamento de derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirmó que el gobierno de Felipe Calderón debe aprovechar la oportunidad para reorientar la política exterior con Estados Unidos, en un contexto internacional donde el gobierno de Bush "se está quedando solo y ya no cuenta con el apoyo de muchos sectores para continuar con una política exterior caracterizada por una visión muy personal para fortalecer sus intereses".
Es el momento, insistió, de recuperar la tarea diplomática y construir una relación más "equitativa y equilibrada, pues sin duda continuarán los factores de riesgo, pero esto no implica que debamos bajar la voz".
A su vez, Erick Fernández Saldaña, catedrático de la Universidad Iberoamericana, calificó de "grave" el incidente ocurrido en la frontera norte y señaló que además de ser "preocupante la reacción de las autoridades de la SRE, resulta claro que el gobierno federal aún no define una política exterior clara ni ha hecho valer el principio de soberanía".