Prepara el gobierno federal un registro nacional de adictos
El gobierno federal prepara un registro nacional de adictos que servirá no sólo para conocer a cada uno de los supuestos consumidores de droga en el país, sino para detectar a distribuidores de enervantes y contar así con posibilidades inmediatas para que el Ministerio Público ejercite acciones jurídicas en su contra.
Fuentes gubernamentales revelaron que la propuesta, la cual ya fue planteada a medias por el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República ante senadores, el pasado 21 de febrero, considera que si una persona es detenida en dos ocasiones en posesión de droga, se declara adicta y no demuestra ese padecimiento, deberá ser consignada como distribuidor.
El planteamiento del gobierno federal, y que presuntamente formará parte de la llamada estrategia nacional contra la delincuencia, considera que es necesario que el Poder Legislativo fije las cantidades máximas de drogas que un supuesto adicto podrá portar consigo, para que en caso de ser detenido no se le sancione penalmente.
El proyecto de este registro nacional también considera mejorar los mecanismos de colaboración entre diversas dependencias, como son la Secretaría de Salud, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública, en el ámbito federal, a fin de que los adictos que sean detenidos por autoridades ministeriales o policiacas cuenten con verdaderas posibilidades de rehabilitación.
Sin embargo, el problema central de este planteamiento es que una vez que se demuestre que el detenido es un adicto, únicamente podrá recibir atención de manera voluntaria.
Pero, a decir de las fuentes consultadas, la pretensión gubernamental es que los distribuidores de droga al menudeo no puedan obtener su libertad bajo el argumento de que son consumidores y la droga que transportan es para su uso personal.
Según las valoraciones realizadas en la gestión de Vicente Fox, la mayor parte de los narcotraficantes detenidos fueron puestos en libertad tras declararse adictos, por no existir mecanismos de comprobación de su supuesto padecimiento, y al no estar definidas las cantidades máximas que una persona puede transportar sin que sea considerada una cuestión ilícita.
Debe recordarse que durante su encuentro con senadores, el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos dijo que una ley de farmacodependencia sería complementaria de las reformas que el gobierno federal promoverá para los códigos Penal y de Procedimientos Penales.