Piden acciones de autoridades para proteger el legado histórico de la zona
Exigen diputados informe sobre posible daño ecológico y al patrimonio de Tulum
Presumen que la voracidad de empresarios españoles afectará la riqueza de la región
La mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados aprobó ayer un punto de acuerdo para exigir al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) un informe sobre el estado de la zona de monumentos arqueológicos de Tulum y explique por qué no ha adoptado medidas que protejan el patrimonio histórico de la zona, donde empresarios españoles obtuvieron permisos del gobierno de Quintana Roo y del ayuntamiento de Solidaridad para construir un corredor hotelero.
Aun cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) votó en contra -sobre todo los diputados con vínculos empresariales como Sara Latife-, el resto de las fuerzas políticas también exhortaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coordinarse con el INAH para la revisión de permisos de construcción dentro de la zona protegida como parque nacional y de monumentos arqueológicos de Tulum.
El punto de acuerdo también incluyó un llamado al gobierno de Quintana Roo, a cargo de Félix González Canto, y a la alcaldía de Solidaridad para retirar los permisos de construcción para el corredor hotelero concedido a particulares, hasta que el INAH valore la situación que guarda la zona y entregue una opinión al respecto.
El pleno de la Cámara también solicitó la intervención de la Secretaría de la Función Pública para que realice una investigación profunda sobre la posible comisión de delitos por parte de funcionarios públicos en el otorgamiento de los permisos.
En tribuna, la diputada priísta Sara Latife, ex candidata a la secretaría general del PRI, expresó la desaprobación de su bancada al punto de acuerdo que exhorta al gobierno de González Canto y al presidente municipal de Solidaridad, Carlos Manuel Joaquín González, a detener las licencias de construcción. Argumentó que desde 1981, cuando el gobierno federal declaró a Tulum parque nacional, se integró un programa de protección del entorno ambiental y de la zona arqueológica, por lo cual consideró incongruente el llamado del pleno.
Sin embargo, el diputado Jesús González Macías, del Partido Verde Ecologista de México, afirmó también en tribuna que la construcción de desarrollos turísticos dentro de Tulum "se traducirá en la construcción de una ciudad sobre el sistema acuífero de los ríos Sac Actun y Ox Bel Ha, sin tomar en cuenta los humedales y arrecifes de la región, que dependen directamente de dicho sistema acuífero. Son construcciones que encuentran fundamento en la actualización del plan de desarrollo urbano que el cabildo del municipio de Solidaridad pretende llevar a cabo, violando el marco jurídico aplicable".
Agregó que dicho plan viola el artículo 115 constitucional y malinterpreta su fracción 15, que establece las facultades de los municipios para formular los planes de desarrollo urbano, pero siempre y cuando se circunscriban a lo establecido en las leyes federales y estatales respectivas.
"Al considerar alarmante" la posición del ayuntamiento al otorgar los permisos, resaltó que dicho plan "viola los compromisos internacionales de México, al pretender asignar densidades hoteleras a los predios contiguos a las zonas arqueológicas dentro de un área protegida".
Por su parte, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Alfonso Suárez del Real, refirió que a pesar de los señalamientos de Sara Latife, en realidad la construcción de la zona hotelera en Tulum sí afecta el patrimonio histórico, y llamó a los priístas a no dejarse "por el espejismo de un crecimiento y de un desarrollo turístico de piedra y cartón", como ocurrió, dijo, en Palma de Mallorca, España.
"En Quintana Roo es evidente que existe una voracidad de inversionistas, sobre todo de origen ibérico, que no respetan los espacios arqueológicos, las playas y los humedales que también sson atractivos para el turismo", afirmó.