Si las autoridades no garantizan justicia, será imposible una solución dialogada, afirma

Necesaria, presión social para que se castiguen abusos en Oaxaca: CCIODH

Preocupa a la organización internacional que por el conflicto aún haya 62 personas en prisión

EMIR OLIVARES ALONSO

La preservación de los derechos humanos, el combate a la impunidad y el futuro de México se juegan en la solución que las autoridades le den al conflicto de Oaxaca, aseguró Ignacio García, integrante de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH); por ello, indicó, es necesaria la presión de la sociedad civil para no dejar impunes las violaciones a las garantías individuales cometidas en esa entidad.

"En el tema de derechos humanos, cuando más avance hay es cuando más presiona la sociedad", señaló en el contexto de la presentación pública del informe final sobre la problemática en la entidad que realizó esa organización internacional, conformada en su mayoría por activistas europeos.

García insistió en que "aunque la mayoría de los medios digan lo contrario, el conflicto en el estado sigue abierto", y su solución tiene que ser forzosamente por la vía del diálogo. Sin embargo, puntualizó que si antes de ello las autoridades no garantizan justicia, reconocen y reparan los daños perpetrados por el Estado mismo en contra de la población de Oaxaca, la solución dialogada "será imposible".

Durante la entrega a diversas figuras públicas del informe de la CCIDOH -en la que destacó la presencia de la senadora Rosario Ibarra de Piedra y la doctora Berta Elena Muñoz, locutora de Radio Universidad durante el conflicto-, García advirtió que "es inadmisible" que los gobiernos federal y estatal argumenten que no se pueden apresurar las investigaciones para sancionar a los responsables y liberar a las personas que aún continúan presas, debido al próximo proceso electoral en Oaxaca (que se celebrará en agosto), porque con ese pretexto se demuestra que no hay independencia de los poderes.

"Afirmar que el conflicto se podría complicar por este proceso electoral no es admisible; es preocupante que por ello los procesos (de investigación) se hagan más lentos. Ya pasó en Atenco, tuvimos el mismo ejemplo y los hechos se están repitiendo", indicó el representante de la CCIODH.

Por ello, exhortó a la ciudadanía a ejercer presión sobre las autoridades, porque no basta sólo con las recomendaciones y observaciones de organismos nacionales e internacionales para que se haga justicia por esos hechos.

Agregó que si bien es cierto que existe una desconfianza en la justicia y temor a ser reprimidos si se denuncian más violaciones a derechos humanos y delitos cometidos por el Estado, "la CCIODH considera que si no se hacen denuncias, la impunidad se va a profundizar".

Otro motivo de preocupación para la comisión internacional es que aún permanezcan en prisión 62 personas a raíz del movimiento social encabezado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, pues los detenidos, subrayó, "no tienen acusaciones ni imputaciones más graves que quienes ya fueron puestos en libertad", por lo que consideró que no está fundamentada su detención.

Por su parte, tras recibir el informe, Ibarra de Piedra exhortó a la ciudadanía a "luchar codo a codo" para evitar la impunidad, porque no basta que en México existan leyes, ya que éstas no se cumplen.

En tanto, Christian Maciel Cebolledo, quien fue detenido el 25 de noviembre y obtuvo su libertad bajo fianza apenas el pasado martes, y su madre Yolanda Gutiérrez -también recibieron el informe- invitaron a los medios y a quienes afirman que en Oaxaca las cosas regresaron a la normalidad, "que nos pregunten a nosotros y al pueblo oaxaqueño si realmente están bien las cosas" en esa entidad.