La ley antidiego ya está en comisiones del Senado
Un senador o diputado que intente litigar contra el Estado o incurra en tráfico de influencias para beneficiarse él, su familia o terceros, irá a prisión, ya que no gozará de fuero. Todo ello, además de la posibilidad de que un legislador pueda obligar a otro a no participar en el dictamen o votación de alguna iniciativa, por considerar que tiene conflicto de intereses, forma parte de la llamada iniciativa antidiego que el PAN presentó ya a comisiones dictaminadoras.
Contra las versiones de que se trata de una reforma light, el coordinador de la bancada panista, Santiago Creel, sostuvo que ese proyecto final es " más profundo" que el original, presentado en octubre, ya que incluye quitar el fuero a diputados y senadores que hubieran incurrido en delitos propios de los servidores públicos.
En la primera iniciativa "no se incluía quitarnos el fuero, como establecimos en la propuesta que ya les hicimos llegar a los otros grupos parlamentarios, a fin de que comience a dictaminarse". Es, dijo, un proyecto de mayor alcance, ya que "toca la parte toral del problema, que es el conflicto de intereses de los legisladores, en los que pueden configurarse delitos como malversación de fondos y todos los demás que tienen que ver con el mal uso no sólo de recursos, sino de responsabilidades".
La iniciativa original, dijo, se mejoró en técnica legislativa y se le agregó un punto fundamental, eliminar el fuero, a fin de impedir que un legislador involucrado en tráfico de influencias no pueda protegerse en la inmunidad que le da la Constitución y pueda ser juzgado de inmediato, sin necesidad de acudir al desafuero.
"Fuimos más allá de nuestra iniciativa, y ahora, si un diputado o senador cae en conflicto de intereses, deberá renunciar o no participar en trabajos legislativos, porque si lo hace cometerá un delito y ya sin fuero podrá ser llevado ante tribunales."
Llamada ley antidiego, porque sanciona precisamente conductas en las que incurrieron el ex senador panista Diego Fernández de Cevallos y otros legisladores panistas y priístas, la iniciativa comprende una reforma a los artículos 61 y 62 constitucionales, para eliminar el fuero en delitos penales y modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.
En este ordenamiento se incluyó la prohibición expresa a legisladores de litigar contra del Estado, ya sea a través del propio diputado o senador o "por interpósita persona a favor de terceros" , en perjuicio de los intereses patrimoniales de la Federación, los estados, municipios, el Distrito Federal y sus delegaciones políticas.
Asimismo, los legisladores no podrán aprovecharse del cargo para inducir indebidamente a otro servidor público a "efectuar, retrasar u omitir un acto de su competencia", con miras a obtener beneficios económicos para ellos y sus familiares. Contravenir ambas prohibiciones será sancionado de acuerdo con las disposiciones penales federales correspondientes.
El artículo 13 bis 4 de ese reglamento establece que "cualquier integrante de la Cámara podrá recusar a otro, mediante petición por escrito, fundada y motivada, a la que deberá acompañar de elementos probatorios", a fin de impedir que un legislador intervenga en la discusión o votación de algún asunto en el que tenga conflicto de intereses.
Creel confía en que la propuesta se discuta en comisiones la próxima semana.