Investigación civil de militares violadores, pide el Centro Prodh
El caso de la indígena de 73 años violada por elementos castrenses -cuyas lesiones le causaron la muerte-, en el municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, debe ser investigado por el Ministerio Público del ámbito civil, pues existen elementos para asegurar que cuando un tribunal militar atrae este tipo de casos "no se garantiza una investigación pronta e imparcial, y mucho menos la sanción a los responsables de las violaciones" a las garantías individuales, advierte el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó por medio de un comunicado que emprendió una investigación de oficio, por lo que solicitó información a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de Justicia y a Seguridad Pública estatales; así como a la dirección general de justicia militar para indagar las posibles violaciones a garantías fundamentales en que incurrieron los presuntos soldados. Cinco visitadores de ese organismo ya se encuentran en el lugar de los hechos para conocer del caso.
En tanto, el Centro Prodh exige a Felipe Calderón; al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán y al procurador de Justicia de la entidad, Emeterio López Márquez, garanticen medidas de protección para la familia de la agraviada ante el riesgo de posibles intimidaciones, además de una pronta investigación de los hechos.
Asimismo, demanda que el caso se canalice a la justicia civil hasta que sea esclarecido totalmente, la pronta investigación de los hechos, la sanción a los responsables, la reparación del daño moral y material a los familiares de EAR -siglas con que se identifica a la víctima- y la aplicación de medidas de no repetición.
Testimonios de los familiares refirieron que el pasado domingo la hallaron aún con vida en su domicilio en la comunidad de Tetlazingo; donde la víctima les aseguró que un grupo de militares la había agredido. La mujer fue trasladada a una unidad regional de salud, donde murió un día después debido a las agresiones a las que estuvo expuesta.
Este caso "se une a otros tantos en los que elementos militares cometen violaciones sexuales en contra de mujeres indígenas en zonas de alto índice de marginación y pobreza", refiere el Centro Prodh en su misiva. La organización de defensa de las garantías fundamentales señala que en varias ocasiones, durante 1994 y 2002, documentó casos en los que militares violaron sexualmente a mujeres de grupos vulnerables. Agresiones que "tienen como característica común" que, a la fecha, los responsables de esos ilícitos se han sustraído de la acción de la justicia, "toda vez que son canalizados a la jurisdicción de las fuerzas armadas, con base en el artículo 57 del Código de Justicia Militar, circunstancia que se erige en un factor para promover la impunidad".
El Centro Prodh alerta que desde la aprobación de la ley que señala las bases de coordinación del sistema nacional de seguridad pública en 1995, y con el pretexto del combate a grupos guerrilleros, se han colocado retenes y bases de operación militar en comunidades marginadas.