De 274 averiguaciones por ese tipo de delitos, sólo 28 fueron turnadas ante un juez

La Profepa, en picada; quedan impunes la mayoría de los ilícitos ambientales

Los gobiernos emanados del PAN han abandonado el sector, afirman especialistas

ANGELICA ENCISO L.

Los delitos ambientales que se registran en el país prácticamente quedan en la impunidad. En los pasados tres años se iniciaron 274 averiguaciones previas por ese tipo de ilícitos, pero de éstas únicamente 28 fueron consignadas ante un juez, y en 2006 llegó sólo un caso a los juzgados.

Frente a eso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) únicamente permanece como espectadora; la procuración de justicia en la materia no existe. La situación llega a grado tal, que se desconoce si en dicho periodo alguna persona ha sido condenada por la comisión de esos delitos, advierten especialistas.

Eso sucede a pesar de que el saldo ambiental en todo el territorio es de la "peor categoría", resume Alberto Székely, abogado experto en temas ecológicos. La riqueza forestal está destruida, las áreas naturales protegidas pisoteadas, los cuerpos de agua contaminados y agotados, el país está hecho un basurero y los desechos peligrosos están por todos lados, afirma el especialista.

La Profepa fue creada hace tres lustros, pero los pasados seis años han sido los peores. Y con su titular ratificado, Ignacio Loyola, "tenemos una seria preocupación, porque la procuración de justicia ambiental en México está recibiendo una golpiza", agrega.

La dependencia "perdió sentido el día que nombraron a un dirigente panista (José Luis Luege Tamargo) como su titular, y al salir éste a un cargo de más responsabilidad llegó a la Profepa un ex gobernador desocupado (Ignacio Loyola), quien en su estado enfrentó denuncias por el mal uso del presupuesto. Si sobresalió en algo fue en su oficio de represor", dice Iván Restrepo.

El colaborador de La Jornada expresa que el organismo, "lamentablemente, ha desempeñado el triste papel de dar fe de los daños ambientales causados por la violación de las leyes. Buena parte de su personal humano se desempeña con enormes limitaciones y bajos salarios, lo cual explica que lleguen tarde a poner orden y que cuando haya sanciones éstas queden sin efecto, gracias al poder del dinero y a la corrupción del Poder Judicial".

Impunidad ambiental

De acuerdo con una solicitud de información que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) hizo a la Procuraduría General de la República (PGR), con base en la ley federal de transparencia, en relación con la cantidad de denuncias y querellas por posibles delitos ambientales durante los pasados tres años, la respuesta fue que en total habían sido iniciadas 274 averiguaciones previas.

De acuerdo con la respuesta de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, durante 2004 se iniciaron 136 averiguaciones previas, en 2005, 99, y en 2006, 39. Lo que eso refleja es la falta de aplicación de la legislación ambiental, ya que la PGR, autoridad encargada de aplicar las sanciones, no hace nada al respecto, sostiene Daniel Zapata, del área de litigio del Cemda.

Sin embargo, a pesar de que en dicho periodo fueron abiertas 274 averiguaciones, sólo 28 fueron consignadas ante un juez -16 en 2004, 11 en 2005 y una en 2006- y se ejercitó acción penal. Eso significa que no todos los casos se llevan hasta el término. Esa situación, explica Zapata, se debe a que la PGR se allega demasiadas pruebas antes de proceder, y el resultado final es que no actúa. Además, a finales de año pide más evidencias, y si el demandante no las presenta manda el expediente al archivo.

El mensaje final para la gente es que no confíe en el Estado, que no presente denuncias y, en muchos casos, que haga justicia por propia mano. "La Profepa permanece como espectadora, no da vista a la PGR de los delitos, y cuando lo hace no les da continuidad". A ello se suma que omite interponer demandas.

Diariamente se pueden leer en los periódicos múltiples acusaciones sobre delitos ambientales. En muchos casos la PGR podría actuar de oficio, pero no lo hace a pesar de que la situación es tan grave como el narcotráfico, asevera.

En la solicitud de información también se requirieron datos sobre la cantidad de juicios cuyas resoluciones derivaron en condenas, en las que se pidió la reparación del daño y las que fueron ejecutadas. La respuesta fue que se trata de datos que corresponden a procesos, por lo cual no se dispone de ellos. Al respecto, Daniel Calzada considera que la PGR sí debe tener esa información, pero es probable, añade, que no se haya condenado a nadie por haber cometido algún ilícito ambiental.

Sumado a la falta de aplicación de la legislación en la materia está el hecho de que la Profepa no es autónoma y está subordinada al jefe del Ejecutivo. Además, su personal es escaso para atender los problemas ambientales de todo el país y no tiene capacidad para perseguir y consignar los delitos ante un juez.

De acuerdo con información del organismo, a escala nacional hay 511 inspectores, a los cuales se suman otros 300 en "situaciones especiales". Para los casos de "emergencias" la cifra llega a mil, ya que se incluye personal de las oficinas centrales. Cuando se efectúan operativos en algún estado, se piden refuerzos de otras delegaciones y oficinas centrales.

Los inspectores deben atender 159 áreas naturales protegidas, que representan alrededor de 22 millones de hectáreas, 11.34 por ciento del territorio nacional; dar cumplimiento a la normatividad ambiental en cerca de 7 mil unidades de manejo y aprovechamiento de la vida silvestre; vigilar 11 mil kilómetros de litorales, donde existen 30 mil ocupaciones de zona federal marítimo-terrestre, y supervisar 34 mil industrias de jurisdicción federal, entre otras acciones.

Mientras al principio del sexenio pasado, con José Campillo al frente de la Profepa, se anunció un programa de inteligencia para combatir a los taladores y se presentó el diagnóstico de las zonas críticas forestales del país, el gobierno actual se limitó a "considerar" que el llamado a la "cero tolerancia" contra los que talen, hecho por el presidente Felipe Calderón, "será la principal guía de trabajo para la institución durante el sexenio".

Entre sus anuncios para "combatir" el tráfico ilegal de la vida silvestre, el 23 de febrero pasado dio a conocer que en uno de los sitios críticos por esa actividad, Charco Cercado, San Luis Potosí, se "mantendrá la campaña de disuasión mediante volantes, carteles y espectaculares en la carretera 57 Matehuala-San Luis Potosí".

El 8 de febrero dio a conocer que iban a ser investigados los prestadores de servicios turísticos, para determinar quién atropelló con su embarcación una cría de ballena jorobada en Bahía de Banderas. Cuatro días después informó sobre el decomiso de 117 metros cúbicos de madera de pino, proveniente de aserraderos clausurados en el municipio de Temascaltepec, estado de México, y dijo que los infractores, los vehículos y la madera fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, pero ya no expresó nada sobre lo que ocurrió con los detenidos y el material incautado.

Así, frente a esa actuación de la Profepa, habría que hacer una evaluación de su trabajo. "La razón por la que surgió en 1992 fue por una exigencia en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y el entonces presidente, Carlos Salinas, la creó para demostrar que se querían cumplir las leyes", considera, a su vez, Gustavo Alanís, director del Cemda.

Señala que habría que plantear si el sistema de justicia ambiental debe cambiar, lo cual implicaría desde la desaparición de la Profepa hasta la creación de un sistema de vigilancia al interior de la Semarnat, o el fortalecimiento de las fiscalías ambientales dentro de la PGR.

Alberto Székely manifiesta, por su parte, que "cuando el gobierno ha querido que la Profepa funcione lo ha hecho. Cuando estuvieron Miguel Limón y Santiago Oñate, a pesar de que era un gobierno priísta, sus récords ambientales no fueron tan malos como los de los gobiernos panistas".

Indica: "cuando llegó Antonio Azuela, con Ernesto Zedillo, las cosas empezaron a cambiar. Se empezaron a condonar ilícitos, el asunto de la salinera y más casos. Tenemos denuncias que el gobierno nunca quiso atender. La Profepa ha ido en picada".