La ley del embudo
De acuerdo con un estudio presentado por la Organización Internacional para las Migraciones, México ha seguido enviando trabajadores hacia Estados Unidos en forma creciente, destacando el incremento de mujeres, y ahora hasta de niños que migran solos. Esto es una manifestación palpable de la vulnerabilidad en la que viven muchos grupos sociales en nuestro país, que no tienen más opción que responder al llamado, también creciente, del mercado de trabajo estadunidense, cuyo gobierno se niega a reconocer esta relación entre oferta y demanda, y se dedica a fustigar y castigar en forma inaceptable a todos aquellos que deciden buscar nuevos horizontes debiendo enfrentar deportaciones, redadas, discriminación y, peor aún, verdaderas tragedias.
La migración de la que hablamos es un fenómeno laboral que responde a las necesidades de los dos polos, el que expulsa y el que recibe; por lo mismo se trata de migraciones forzadas, flujos humanos desprotegidos socialmente que son presa de enormes injusticias.
El gobierno mexicano no ha presentado ninguna propuesta en relación a cómo piensa enfrentar el fenómeno migratorio que vaya más allá del discurso y la retórica que no resuelven nada. No se sabe de ningún proyecto de política pública que dé respuesta a la exclusión en la que vive la mayoría de los trabajadores del país y que requeriría una nueva concepción del trabajo enmarcado en el rango de derecho humano.
El nuevo proyecto debe orientarse hacia un modelo de inclusión y abandonar el instrumentado en la época de Carlos Salinas de Gortari y sostenido con ímpetu por los gobiernos panistas, cuyo fenómeno social distintivo ha sido la inseguridad e indefensión de amplias capas de la población de ingresos bajos y medios.
Los profundos cambios operados en este ya largo momento histórico pueden observarse tanto en el plano laboral como en lo relativo a los niveles de pobreza urbana y rural, por lo que es preciso corregir las dificultades que presentan los mercados laborales en México.
Los datos del Banco Mundial comprueban esta situación al señalar que los niveles de pobreza son similares a los registrados a comienzos de la década de los 90, por tanto, los pasados 15 años han sido una pérdida para combatir esa condición que afecta a más de 50 por ciento de la población.
No es extraño que el correlato haya sido, por supuesto, crecientes flujos migratorios.
Si bien el Banco de México señala que 60 por ciento de los migrantes que se desplazaron a Estados Unidos tenían un empleo en México y que la diferencia salarial es abismal, pues aquí el salario mínimo no supera los 2 mil pesos mensuales (183 dólares), mientras en el país vecino se ganan, por lo menos, mil dólares al mes, es fundamental destacar, para evitar confusiones, que no son las diferencias salariales como tales las que se encuentran en la base de las decisiones de los trabajadores para migrar, pues de aceptarse eso ¿cómo podríamos explicar que muchos países que tienen esas diferencias salariales no presentan este fenómeno?
Países del sur europeo, como España, Grecia y Portugal, presentan una notable diferencia de ingresos con respecto a Francia o Dinamarca, y a pesar de ello no son consideradas naciones de emigración porque, a pesar de la falta de convergencia de las condiciones de trabajo, las necesidades de los trabajadores están satisfechas. Por ello no sólo se trata de un problema de desempleo o de diferencias salariales, sino que el salario devengado debe satisfacer las necesidades de los trabajadores. Y esto es lo que puede hacer la diferencia entre migrar o no.
Por eso resulta inaceptable que Felipe Calderón haya otorgado a los miembros de la Marina y del Ejército un aumento de 46 por ciento, cuando el incremento en el salario mínimo para el resto de los trabajadores a partir del primero de enero de 2007 fue de 3.9 por ciento -lo que representa un peso con 89 centavos-, que alcanza para adquirir apenas 16 por ciento de la canasta básica alimentaria. Queda claro quién es importante para el gobierno mexicano al dejar de lado a los trabajadores, quienes, por lo mismo, seguirán favoreciendo a la economía estadunidense y engrosando las arcas mexicanas con remesas que ya han alcanzado los 23 mil millones de dólares... ¿Será por eso que quiere que se vayan?
Sin duda el gobierno lleva a cabo una política que gira en torno de la ley del embudo: lo ancho para los militares y lo estrecho para los trabajadores.